Los resultados de dos años de gobierno dan cuenta de una gran reversa en materia de bienestar. El ingreso por habitante en 2023 cayó 0,4%, cerca de un millón de pesos por persona. La recesión de 2023 fue pasajera y leve, pero recesión hubo: no sólo se contrajo la producción, sino que se perdieron empleos de forma sostenida. En 2024 ha vuelto a aumentar el desempleo y se han perdido trabajos (129.000 en el año a junio), y esto pese a que desde mayo de 2022 casi un millón de colombianos han salido para no volver pronto.
La reforma tributaria fue inoportuna e inconveniente: el aumento selectivo a las tarifas de impuesto a las utilidades -la explotación de hidrocarburos y minería, la intermediación financiera- pegó cuando necesitábamos más inversión. La imposición del nuevo impuesto a los alimentos manufacturados le dio un impulso al aumento de los precios de los alimentos.
El desfinanciamiento del sector de la salud, la lentitud en la gestión pública -en vivienda y hábitat, desarrollo rural, ambiente, consulta previa- y la hostilidad regulatoria (en salud y energía) configuran políticas anti-empresa que frenan la actividad. Como resultado, las profesiones médicas y terapéuticas, la educación privada, los servicios de salud, la industria manufacturera y la vivienda pasan por una “recesión sectorial”.
La buena fortuna ha sido suficiente para compensar, apenas: los buenos resultados de las exportaciones agrícolas, de la minería, de algunas empresas de hidrocarburos y del sector turismo -que crece a dos dígitos- son la base de la resiliencia, del aguante. Estos resultados dependen en buena parte de que se mantengan los altos precios internacionales de las materias primas que exportamos: petróleo, café, carne, oro, carbón, cacao, frutas. Todos estos sectores están en función de la seguridad interna, un alto factor de riesgo económico a tener en cuenta.
Pese a declaraciones altisonantes e imprudentes, el gobierno ha hecho un manejo prudente de la deuda pública y no ha intentado romper las restricciones que lo atan en materia macro-económica: la independencia de la banca central y la regla fiscal. Las cortes han cumplido con impedir que haya una regulación directa (en energía, por ejemplo) o contraria a la Ley (en salud) y en hacer respetar los principios constitucionales de tributación y de asignación presupuestal del gasto. Pero tienen un límite: no podrían revertir la desfinanciación (en salud, educación).
Hay otros aspectos positivos: la continuidad -con hiatos- en los programas de lucha contra la pobreza, la eliminación de los subsidios a los precios de combustibles, la apertura de la frontera con Venezuela, la escucha a las comunidades en la consulta previa y la planeación, las mujeres en el desarrollo rural, todos esfuerzos valiosos, pero que no alcanzan a construir un nuevo modelo de bienestar para todos. Por eso la reversión económica probablemente seguirá.
Jorge Restrepo
Profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana
X: @jorgearestrepo
