El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando la manera en que consumimos y accedemos a bienes y servicios. Esta revolución digital ha sido impulsada por la evolución de los servicios de entrega a domicilio, facilitados por plataformas tecnológicas que conectan a vendedores, compradores y repartidores.
Sin embargo, esta transformación ha generado desafíos regulatorios que deben ser abordados con urgencia para garantizar condiciones justas a los usuarios y a los prestadores de servicios involucrados.
Actualmente, el proyecto de ley de reforma laboral en discusión en Colombia presenta serias dificultades en su articulado respecto a la regulación de las plataformas digitales de reparto. Uno de los problemas es el uso inapropiado del término ‘reparto’, que, aunque se refiere específicamente a los servicios de entrega a domicilio, podría extenderse inadvertidamente a operadores logísticos tradicionales y marketplaces. Estos actores, que utilizan servicios de entrega para cumplir su promesa de valor, podrían verse afectados por una regulación diseñada para un contexto diferente.
Hoy en día, los operadores logísticos cuentan con aplicaciones tecnológicas donde se pueden hacer solicitudes, conocer tarifas de envío e incluso rastrear los envíos. Incluirlos en la misma categoría que las plataformas de reparto podría crear confusión y añadir cargas regulatorias innecesarias, afectando la eficiencia operativa y la competitividad del comercio electrónico.
Es crucial considerar el impacto en la gestión de transporte de ‘última milla’, la última etapa de la cadena logística. Este servicio, que también se vería afectado por la regulación bajo el término ‘reparto’, es esencial para la entrega de mercancías y actualmente es prestado por operadores logísticos habilitados. Sin una actualización clara de la regulación postal que incluya a estos nuevos actores, se corre el riesgo de imponer regulaciones inaplicables que perjudicarían tanto a las plataformas colaborativas como a los operadores tradicionales.
El articulado propuesto está dirigido a servicios de domicilio, pero utiliza equivocadamente el concepto de ‘reparto’, lo cual podría llevar a la implementación de contratos laborales duales en operadores postales. Esto podría fragmentar la fuerza laboral y socavar los derechos de los trabajadores, complicando la aplicación de normas laborales justas y equitativas.
La discusión de este articulado representa una oportunidad crucial para establecer un marco regulatorio claro y equilibrado que promueva la innovación y proteja a todos los actores involucrados. Es fundamental que los legisladores aborden estas deficiencias, asegurando definiciones precisas y evitando superposiciones regulatorias que puedan inhibir el crecimiento del comercio electrónico y afectar negativamente a trabajadores y consumidores.
En este contexto, las experiencias internacionales ofrecen lecciones valiosas. En lugares como California y Nueva York, así como en España, se han implementado regulaciones que garantizan ingresos mínimos y derechos laborales para los trabajadores de plataformas. Sin embargo, estas medidas también han llevado a una reducción en el número de trabajadores contratados por las empresas de delivery.
Es necesario evitar una normativa que, por falta de claridad, termine siendo perjudicial para el sector y para aquellos que dependen de él.
Víctor Muñoz
Emprendedor, investigador, analista
