La decisión política más importante es la de imponer tributos: define el carácter de los gobiernos y es una medida de su poder.
Según lo revelado por este diario, la ley de financiamiento que presentará el Gobierno al Congreso parece mejor que la de 2022: quita exenciones injustas, incluye en la tributación del impuesto al valor agregado (IVA) a varias actividades hoy no gravadas y avanza en materia de progresividad. Tiene, claro, medidas inconvenientes y no corrige los errores de la anterior, como el impuesto a las ventas de alimentos industrializados, el impuesto a la riqueza, las tarifas diferenciales por actividad, etc.
Es conveniente aumentar la tasa mínima de tributación sobre las utilidades de las empresas del 15% al 20% pues reduce descuentos y exenciones que aún persisten en el estatuto tributario -los agujeros negros del recaudo- y por tanto nivela algo la cancha en la que compiten las empresas.
Además, igualaría esta tarifa mínima con la de las entidades sin ánimo de lucro, que tienen una tarifa del 20% sobre excedentes no reinvertidos; muchas de éstas verán conveniente convertirse en sociedades limitadas o anónimas que requieren menos papeleo y no tienen tanta vigilancia.
Es una lástima que no se nivelen las tarifas por lo alto, eliminando tarifas diferenciales a la minería y los servicios financieros, que no sólo generan distorsiones, e impactos negativos de eficiencia, sino que son injustas y probablemente por ello contrarias a la Constitución. Ojalá la pésima idea de una tarifa diferencial sobre utilidades según el tamaño de la empresa no sea propuesta al Congreso.
La eliminación del régimen “simple” es otra buena idea: esta opción no ha servido para lograr equidad entre empleados, profesionales, pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia, pero sí para que personas de altos ingresos -abogados, médicos, comerciantes- logren reducir su tarifa efectiva de impuestos, introduciendo una enorme inequidad. Una mejor tributaria buscaría nivelar los ingresos entre todos esos tipos de contribuyentes y avanzar en la simplificación a cambio de la formalización.
En materia de IVA, la propuesta supone imponer el tributo a servicios prestados desde el exterior (a importaciones que hoy no pagan el impuesto) y a actividades que son un mal, más que un bien, como los juegos de azar o apuestas en línea. Ese desestímulo es conveniente, ayuda a prevenir el lavado de activos y castiga a organizaciones criminales trasnacionales.
Si los elementos básicos revelados por Portafolio se concretan, es mejor que el Congreso apruebe estas propuestas, dada la crítica situación de las finanzas de la Nación. Junto con un presupuesto austero (el Congreso debería hacerle un gran recorte) podríamos avanzar en la calidad de la tributación y en la estabilidad fiscal: tal vez sea ésta la última oportunidad del Gobierno para lograr un progreso en tributación, lo cual debería ser parte del Acuerdo Nacional.
JORGE RESTREPO
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana
X: @jorgearestrepo
