Transita en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo de iniciativa parlamentaria que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), esto es, el esquema por medio del cual la Nación transfiere dineros a las entidades territoriales para financiar la provisión de servicios públicos básicos como salud, educación, agua y saneamiento básico.
Esta reforma constitucional, que entra al sexto de los ocho debates reglamentarios, busca elevar la proporción de estos recursos en un período de diez años. El articulado establece que la tajada del presupuesto del Gobierno central hacia las regiones empiece a crecer a partir de 2027 del 23,8 por ciento actual hasta llegar al 46,5 por ciento en 2036. De acuerdo a cálculos de Anif, este crecimiento implicaría una presión fiscal adicional en el gasto público de 395 billones de pesos constantes de 2024 en esa década y, para el 2025, sería de 45 billones de pesos extras.
En otras palabras, de aprobarse, este acto legislativo encaminaría a las finanzas públicas de la Nación en una senda insostenible de aumentos obligatorios de estas transferencias de los ingresos corrientes. El mismo reporte de Anif señala que este cambio en el SGP forzaría a que en 2036, el año final del período propuesto, el 83 por ciento de los ingresos del Gobierno central se destinarían a pensiones, intereses y estos giros a las regiones.
Esta propuesta de reforma constitucional tiene abiertamente dividida a la administración Petro. Por un lado, está el ministerio de Hacienda y el equipo económico que reconoce las dificultades fiscales que implicaría este drástico aumento de los recursos a las entidades territoriales.
Por el otro, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defiende abiertamente la adopción, en la práctica, de este nuevo modelo de descentralización. “No podemos permitir que las excusas fiscales oculten la necesidad de avanzar en la autonomía territorial”, escribió el jefe de la cartera política.
El problema está en que la actual crisis fiscal, y sus componentes estructurales, no son una excusa, sino una realidad de a puño. El Gobierno Nacional requiere mantener en los próximos años un aire en sus cuentas que le permita generar inversiones, gastar en programas sociales y otras destinaciones. Girar a las regiones no significa que esas responsabilidades u obligaciones serán descargadas de los hombros de la administración central para ponerlas sobre las entidades territoriales.
Al contrario, descuadrar la caja del Gobierno Nacional solo desembocará en desequilibrio financiero, incumplimiento de la Regla Fiscal y debilidad institucional para responder a las demandas sociales. De hecho, esta reforma constitucional en trámite eleva el cheque que la Nación gira a los departamentos y municipios, sin establecer de primera mano las nuevas competencias que vienen ‘amarradas’ a estas decenas de billones adicionales. Además, como lo afirma Fedesarrollo, el Gobierno no “podría financiar un aumento de esta magnitud”.
No se trata de desconocer que el vigente modelo de descentralización en Colombia no necesite ajustes urgentes. La reciente Misión de Descentralización, por ejemplo, recomienda una reforma al SGP que incluya flexibilidad en la destinación de los recursos, subordinar incrementos al cierre de brechas y aumentar transferencias a municipios PDET. Pero un cambio que solo agrande la ‘tajada’, sin abordar la arquitectura institucional, las competencias y las capacidades tributarias locales, quedaría incompleto.
Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
