El sector Minero-energético se ha consolidado como una estrategia de crecimiento para el país que, pese a la crisis del petróleo, no deja de ser importante para la economía nacional. En paralelo, el país también intenta incursionar en estrategias como el desarrollo sostenible y más recientemente el crecimiento verde, siendo una muestra del interés que se tiene en proteger y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y, por supuesto, de estar alineado con las tendencias globales.
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La sostenibilidad en principio busca el equilibro entre tres pilares muy divulgados: lo ambiental, lo económico y lo social; sin embargo, la realidad muestra que son amplias las asimetrías que se tienen en términos de destinación de recursos y vinculación a la política pública. De una u otra forma se subestima la responsabilidad y funciones que tienen las autoridades ambientales, entre ellas, la de propender por el uso sostenible de los recursos naturales y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, no solo del sector minero energético sino de todas las actividades que dinamizan la economía nacional, entonces, ¿podrán las instituciones ambientales ejercer la vigilancia, el control y apoyo técnico que requieren las actividades productivas, en un país biodiverso que basa su economía en la extracción de sus recursos naturales y que destina para el sector ambiente solamente en 0,28% del presupuesto nacional (2017)? Todo parece indicar que no.
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Los conflictos socio-ambientales en Colombia son cada vez más evidentes y están relacionados con las demandas por parte de las comunidades presentes en el área de influencia de los proyectos. Estas comunidades no se sienten identificadas con la gestión que realizan las autoridades ambientales en sus territorios y se ven abocadas a buscar alternativas para ser escuchadas y que sus inquietudes y demandas sean atendidas.
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Podemos convenir que los movimientos sociales en torno a los temas ambientales son positivos, en la medida que son agentes dinamizadores de cambio que contribuyen a la conservación y el cuidado de los recursos naturales, no obstante, es triste que en muchos casos su motivación principal sea la falta de confianza en las autoridades ambientales, a lo que se suma la percepción de corrupción en las CAR.
Otro dilema lo viven los usuarios, desde el campesino que debe formalizar la captación de agua en su finca, hasta los mayores inversionistas nacionales y extranjeros. Estos actores se encuentran con una normativa densa y una autoridad ambiental abarrotada de solicitudes, llena de estudios ambientales por evaluar y con unos tiempos de respuesta que, en la mayoría de los casos, no se cumplen. Así las cosas, ‘lo ambiental’ se convierte en un factor de riesgo para cualquier usuario que desee dar cumplimiento a la normativa vigente, pues un trámite puede tardar incluso más de un año. Por consiguiente, se genera la idea de que el sector ambiental es quien frena el desarrollo del país, mientras en paralelo se satanizan las actividades productivas por no dar cumplimiento a la normativa.
Un país que busca un desarrollo sostenible o crecimiento verde como lo define el actual Plan Nacional de Desarrollo, requiere de instituciones ambientales sólidas, que gestionen desde el territorio, que lo conozcan, que entienda sus dinámicas ambientales y socioeconómicas; que apoyen técnicamente al usuario en sus procesos, que no solo diga el qué, sino el cómo, y que garantice que las demandas ambientales de las comunidades se tengan en cuenta. No podemos descargar toda la responsabilidad social en las empresas.
Si bien sabemos que hay otra forma de hacer minería, que la tecnología en tratamiento de aguas, restauración de ecosistemas y control de emisiones, entre otros, es cada vez más eficiente para gestionar el impacto ambiental, es información que no se transmite a los usuarios, necesitamos instituciones presentes en el territorio que tengan el suficiente conocimiento técnico para apoyar y direccionar las acciones que estos sectores deben adoptar, instituciones más proactivas, que se involucren y que no solo se enfoquen en solo otorgar permisos y realizar visitas esporádicas para llenar de requerimientos a los usuarios, requerimientos que en muchos casos serán subsanados con más estudios técnicos que quedan en el papel.
En definitiva, si realmente el país desea apostarle a un modelo de desarrollo sostenible es indispensable una institucionalidad ambiental sólida que tenga la capacidad de ejercer presencia en el territorio nacional, velar por los intereses ambientales de las comunidades y apoyar al sector productivo para que haga las cosas bien. Todo esto involucra un empoderamiento de las instituciones que solo podrá darse en la medida que se eliminen las brechas, no solo en el nivel de destinación de recursos, sino que los aportes y lineamientos que estas instituciones definan sean de carácter vinculante a nivel de política pública y estrategias de desarrollo del país.
Johanna Venegas Venegas,
gerente Gereambiental S.A.S.
