Resulta positivo para la población rural la aprobación del acto legislativo que reconoce como sujeto de derechos y de protección especial al campesinado colombiano porque abre el camino a que el Estado reconozca su situación social y económica en los territorios y construya salidas ciertas a los problemas de abandono, pobreza, carencia de infraestructura productiva, educativa, de salud y de comunicaciones que los afectan por décadas; solo aparecen como punta de lanza en los discursos de campaña, y luego, todo sigue empeorando.
El campo es el escenario donde se presenta el mayor grado de desigualdad que lleva a los jóvenes a emigrar a las ciudades evitando reproducir las precarias condiciones de vida que han soportado sus padres. En las zonas rurales viven fundamentalmente personas mayores que sienten arraigo por la tierra pero que carecen, en su mayoría, de oportunidades para producir, comercializar y generar los ingresos adecuados para llevar una vida digna.
Es la deuda histórica que tiene el Estado con el campesinado pero que lleva años sin siquiera pagarle los intereses de mora.
La manera de avanzar en el mejoramiento sostenible de las condiciones es desarrollando un Plan Integral Campesino de largo aliento que reconozca las particularidades del territorio, que identifique sus necesidades y se establezcan proyectos de inversión plurianuales que resuelvan los distintos problemas que los aqueja, que haga atractivo vivir en el campo y donde los jóvenes encuentren oportunidades concretas para mejorar la calidad de vida más que en las ciudades.
Este sueño es posible si el Plan propuesto tiene un presupuesto asegurado, un monitoreo detallado y una evaluación periódica del impacto sobre la calidad de vida.
En el país han existido experiencias positivas al respecto, el Fondo DRI y el Plan Nacional de Rehabilitación, mientras contaron con financiación internacional del BID y el BM los programas implementados tuvieron éxito en distintas regiones del país. La legislación agraria sin presupuesto adecuado es letra muerta y constituye mayor motivo de frustración para los campesinos.
Para garantizar un impacto positivo durable se necesita crear una institución de alto nivel en la que confluyan los distintos ministerios responsables del bienestar rural, transformando a la Agencia de Desarrollo Rural,ADR, que no ha contado con recursos suficientes ni con autonomía para cumplir su misión.
Esta nueva institución debe trascender los distintos gobiernos con un Plan, Estrategias y Programas que cuente con un presupuesto anual superior a $10 billones constantes de 2023 y por un término mínimo de 10 años que se oriente a remover los factores de pobreza y desigualdad en el campo con indicadores en productividad, mejoramiento de la infraestructura productiva y de comercialización, calidad de vida y de factores que promueven la violencia.
Gran reto.
JESÚS ANTONIO VARGAS OROZCO
Consultor empresarial/
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