El impacto y la importancia del derecho penal en las empresas ha adquirido gran relevancia en los últimos años, debido a la creciente preocupación por el cumplimiento de la ley y la responsabilidad de las organizaciones en la comisión de delitos.
“Se trata de un impacto muy importante si se atiende a la evidente expansión del derecho penal económico. Tal circunstancia hace que el empresario deba tomar en cuenta las prohibiciones derivadas del derecho ambiental, las restricciones en materia de competencia, los temas de corrupción y el origen lícito de los bienes y recursos involucrados en la operación de la empresa los cuales, entre muchos otros, se encuentran reglamentados en el derecho penal”, explicó Juan Carlos Prías Bernal, socio fundador de Prías Cadavid.
El derecho penal en el ámbito empresarial se encarga de regular y sancionar las conductas delictivas cometidas por personas jurídicas, así como también de establecer las responsabilidades penales de los directivos y empleados que actúen en nombre de la empresa.
Una de las razones por las que el derecho penal ha adquirido mayor importancia en las empresas es la necesidad de proteger a la sociedad y prevenir la comisión de delitos por parte de las organizaciones. En este sentido, las leyes penales han evolucionado para poder sancionar a las empresas que se involucren en actividades ilegales, como el fraude, la corrupción, el lavado de activos, entre otros.
Además, las empresas están cada vez más expuestas a un mayor escrutinio por parte de la opinión pública y de los organismos reguladores. Las violaciones graves de la ley pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación y la viabilidad económica de la empresa. Por lo tanto, el cumplimiento de las normas penales se ha convertido en un imperativo para las organizaciones que buscan mantener su reputación y asegurar su continuidad en el mercado.
“Las consecuencias penales son apenas el último peldaño en el universo de la Responsabilidad Social Empresarial, que implica un compromiso profundo de la empresa con su entorno social, ambiental y normativo”, anotó Prías.
Responsabilidad jurídica para construir país
También se ha observado un cambio en la responsabilidad penal, que tradicionalmente recaía sobre las personas físicas que cometían delitos en el ámbito empresarial. Actualmente, las legislaciones de varios países han incluido la posibilidad de imputar delitos a las personas jurídicas, lo cual implica que las empresas pueden ser sancionadas penalmente por las acciones ilícitas cometidas por sus directivos, empleados o colaboradores.
Esta nueva perspectiva ha llevado a las empresas a implementar programas de cumplimiento normativo, conocidos también como ‘compliance’, que buscan prevenir y detectar posibles delitos en la organización. Estos programas incluyen medidas de control interno, auditorías periódicas, matrices de riesgo, capacitaciones y códigos de conducta, entre otros.
“Suele diferenciarse entre los delitos que se comenten contra las empresas, muchos de ellos relacionados con la integridad de su patrimonio, pero naturalmente en la materia que se ha venido planteando, los delitos más importantes son aquellos que significan un abuso y un atentado contra las normas que regulan la legítima competencia y que se encuentran consagrados en el título X del libro segundo del Código Penal”, comentó el fundador.
Sin duda, el derecho penal en las empresas juega un papel fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir la comisión de delitos por parte de las organizaciones. La importancia de respetar estas normas recae en la protección de la sociedad, la reputación de la empresa y la viabilidad económica de la misma.
“Dado el incremento de la litigiosidad en materia penal empresarial, la defensa en esta área se ha vuelto imprescindible en esos procesos de acompañamiento. No obstante, lo anterior, creo que el papel del penalista debe centrarse más en la prevención que en la reacción a la existencia de una acción penal. Para tal efecto, los penalistas tendrían que intervenir activamente en la implementación de mecanismos de cumplimiento legal, mediación, transacción y capacitación en todos los niveles en la estructura de la empresa”, manifestó el experto.
El cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad para las empresas, lo que ha llevado al desarrollo de programas de ‘compliance’ que buscan prevenir, detectar y sancionar los delitos cometidos en el ámbito empresarial.
