Gobierno Petro se mostró a favor de la reforma al Sistema General de Participaciones

El Congreso de la República fue escenario este martes -22 de octubre- de un nuevo debate sobre un tema que para muchos avanzó bastante en el Legislativo sin estar en la lupa de los medios y que requiere una conversación abierta entre las regiones, gobierno central, academia y centros de estudio económico, ya que podría agravar la crisis fiscal en el país, según lo que han advertido los expertos hasta el momento.

Equipos de investigación de Anif y Fedesarrollo y el mismo Comité Autónomo de Regla Fiscal hicieron parte de esta cita, convocada por la senadora Angélica Lozano, quien también requirió la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Hacienda para que contarán sus percepciones frente al proyecto que de reforma al Sistema General de Participaciones.

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José Ignacio López, presidente de Anif, indicó que para entender el impacto de esta medida hay que decir que si las transferencias del SGP en 2024 estuvieran atadas al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a $148 billones, representando una presión adicional de $77 billones frente a los $71 billones programados para este año (22,2% de los ingresos corrientes).

“De aplicarse esta fórmula, el 95,3% del presupuesto del Gobierno Nacional Central en 2024 estaría comprometido en los siguientes rubros: transferencias del SGP (46,5%), pago de intereses (25,1%), pensiones (18,1%), vigencias futuras (6%). Esto dejaría al Gobierno con apenas 15 billones de pesos disponibles para inversión pública y funcionamiento”, explicó López.

Dentro de las alertas presentadas durante el debate, los expertos señalaron que si el Gobierno intentara mantener los niveles actuales de gasto en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría al 10,1% del PIB, violando la Regla Fiscal; dejando claro que es un cambio insostenible que comprometería gravemente la capacidad de enfrentar emergencias fiscales o crisis económicas, afectando sectores clave como la inversión social e infraestructura.

Entre tanto, para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, de aprobarse la reforma propuesta por el senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, se obligaría al estado a buscar una cantidad de recursos que supera cualquier expectativa de crecimiento, con lo cual habría un deterioro fiscal progresivo.

“Un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, dijo Mejía.

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El Director de Fedesarrollo reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, pero sugirió ajustar el proyecto de reforma para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5%. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó Mejía.

Si bien durante el debate hubo presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda, la vocería desde la Casa de Nariño fue asumida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien arrancó reconociendo que proyectos como éste son importantes con miras a fortalecer la descentralización, pero dejó claro que no es algo que se pueda hacer a las carreras, ya que está en juego la estabilidad fiscal.

“Estamos discutiendo hoy cómo cumplimos una norma constitucional de 1991; todavía hay quienes dicen que hay que extender más los plazos ¿cómo llegamos en 2036, 45 años después, a cumplir la constitución del 91? Después me dicen que porque hay exclusión en Colombia, que por qué hay violencia y no logramos consolidar la paz. La promesa de la Constitución del 91 fue frustrada y fue truncada con las contrarreformas del 2001 y del 2007, por las razones que quieran”, dijo Cristo.

Tras poner varios reparos a la reforma al Sistema General de Participaciones, Cristo aseguró que la orden del presidente Gustavo Petro es apoyar este tipo de iniciativas, aunque dejó claro que para que esto pase, es necesario revisar con detenimiento el camino correcto para poderla implementar.

“El presidente de la República no puede tener una posición distinta en este proyecto que la de apoyarlo, porque en el 2001 se opuso al acto legislativo del gobierno de Pastrana que cambió la fórmula del SGP, porque en 2007 se opuso al proyecto del gobierno del presidente Uribe que la prolongó 10 años más y cambió la fórmula”, dijo el Ministro del Interior.

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Este funcionario agregó que Gustavo Petro, como senador, creó la bancada del pueblo, junto con el Partido Liberal y en su momento se comprometió con los gobernadores a que lograría dejar las cosas a favor de la autonomía regional lo hizo. Dicho esto, fue claro en que no se puede acudir a la estrategia de dividir, ya que hay un interés en común.

“Aquí la pregunta no es si el gobierno apoya o no esta iniciativa. Aquí la pregunta es qué modificaciones le podemos hacer al acto legislativo. Es una decisión política sacarlo adelante y por eso debemos revisar cómo lo mejoramos para convertirlo en una propuesta responsable. Empecemos a revisar cómo avanzamos en la autonomía territorial”, concluyó Juan Fernando Cristo.

De esta forma se abre un nuevo camino para que el Acto Legislativo 018 de 2024 Senado - 437 Cámara, que busca aumentar gradualmente las transferencias de ingresos de la Nación a las entidades territoriales, pasando del 22% actual al 46% en un plazo de 10 años; no tenga tanta oposición en los tres debates que le hacen falta, ya que ha cumplido con cinco de los ocho avales que requiere para ser ley de la República.

Acá vale la pena decir que si bien la meta inicial es que la reforma se haga en la década que viene, sus ponentes son conscientes de que esto podría derivar en una fuerte carga fiscal para la Nación, con lo cual no descarta que quizá, durante los debates que vienen, se pueda ampliar un poco más el plazo de la transición que se tiene pensada. No obstante, dejaron claro que es algo que debe hacerse si se busca caminar hacia la descentralización.