En Colombia, los altos niveles de accidentalidad en las vías se han convertido en un problema de salud pública.
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Así lo advirtió ayer el gremio de los aseguradores, que presentó un estudio en el cual estimó en 3,6 billones de pesos anuales los costos de esta situación para el sistema de seguridad social, pensiones, el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y las administradoras de riesgos laborales (ARL).
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Como se sabe, estas entidades cubren los costos del servicio de salud de los siniestros, además pagan indemnizaciones por incapacidades, invalidez o fallecimiento.
Entre el Soat y la Adres, por medio de su subcuenta del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, el costo asciende a 1,52 billones de pesos anuales, de los cuales 1,3 billones de pesos son solo del seguro obligatorio.
Entre tanto, cuando el valor de la atención excede las coberturas, las ARL asumen alrededor de 147.000 millones de pesos cada año (cuando los accidentes tienen que ver con temas laborales), y el régimen contributivo de salud paga más de 80.000 millones de pesos en atención e incapacidades.
Por su parte, cuando hay incapacidades permanentes o indemnización por muerte y gastos funerarios, el sistema pensional debe asumir medio billón de pesos. A esto, hay que incluir el costo potencial de la pérdida de la capacidad productiva y la calidad de vida de las víctimas y la pérdida irreparable de quienes fallecieron. Según Fasecolda, si bien la vida tiene un valor infinito, el costo potencial de la invalidez y muerte de los accidentes de tránsito asciende a 1,2 billones de pesos.
Cálculos internacionales realizados por la Organización Mundial de la Salud señalan que, por los accidentes viales, los países asumen costos que oscilan entre 1% y 3% del PIB, que además del tratamiento médico y la pérdida de productividad de los afectados, incluye el tiempo de trabajo y estudio que pierden las familias para atender a los lesionados.
PIDEN MEDIDAS
Lo que preocupa es que la accidentalidad vial sigue en aumento. En el 2017, hubo 5.458 pérdidas de vidas y casi 700.000 lesionados, y en lo que va del 2018 el panorama luce más complicado.
La directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hilda María Gómez, señaló en la Convención de Seguros que solo entre enero y agosto, fallecieron 4.300 personas en este tipo de siniestros, y unas 8.000 personas han quedado con secuelas graves producto de los accidentes.
Ante esto, Fasecolda ha señalado que la prevención de los accidentes debe ser prioridad en la agenda. El presidente del Gremio, Jorge Humberto Botero, planteó que esto incluye revisar el estado de las vías y el diseño de las que se vayan a construir, más rigor para el funcionamiento de las escuelas de conducción y la obtención de licencias.
Otro de los puntos clave es controlar la evasión en el seguro obligatorio, pues se estima que el 42% de los vehículos en circulación no cuentan con el Soat.
Además, teniendo en cuenta que 58 de cada 100 accidentes de tránsito involucran una moto, desde hace varios años se viene advirtiendo que la póliza que pagan estos automotores no se compadece con el riesgo que representan.
Botero explicó que "como la tarifa de motos es insuficiente para cubrir el riesgo que genera este segmento, el régimen existente estableció un mecanismo de subsidios cruzados: los propietarios de vehículos de cuatro ruedas o más pagan primas superiores a las que les corresponderían".
Cálculos del gremio asegurador señalan que las motos pagan 2,3 veces menos de lo que les correspondería por su riesgo, mientras que los vehículos familiares pagan 9,7 veces más y, en el caso de las camionetas, el pago es 10,6 veces superior.
LUISA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Subeditora de Portafolio
Cartagena
