La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aceptó que no se han alcanzado las metas propuestas para el agro en Colombia. Sin embargo, resaltó que durante este Gobierno se han adquirido tierras para distribuir, como no se hacía desde 1995 bajo la vigencia de la ley 160.
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En dos años de administración de Gustavo Petro, las cifras de gestión de tierras indican que a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se ha progresado en la adquisición de 207.546 hectáreas (ha), que según la cartera, permitirá beneficiar familias campesinas y étnicas.
Del total, se han comprado aproximadamente 108.019 hectáreas a campesinos, seguido se encuentra 72.370 hectáreas a comunidades indígenas, 11.007 ha. a reincorporados y 4.587 ha. a comunidades negras.
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“Se han recuperado bienes baldíos indebidamente ocupados y deslindado bienes de la Nación como no se había hecho en las últimas dos décadas. Ello a pesar de la deconstrucción normativa e institucional. Lo que se ha hecho es la confirmación del deber de avanzar en la reforma agraria”, indicó la Ministra.
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De acuerdo con las cifras, del total de adquisiciones, al menos unas 96.981 ha. se han entregado de manera provisional, mientras que de forma definitiva se han titulado 11.098 ha. para “beneficiar a 4.589 familias campesinas y étnicas”. Agregan que de todas esas hectáreas se han registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos unas 9.502 ha.
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En ese sentido, la jefe de la cartera de Agricultura resaltó que “en dos años se entregó a los más vulnerables la posibilidad de un ingreso que dignifique su vejez, en dos años de trabajo constante, salieron de la pobreza más de un millón y medio de colombianos. Hoy es irreversible la convicción de que debemos seguir cambiando para lograr La Paz y la justicia social”.
Los documentos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) registran que una de las principales metas de este Gobierno, en lo que respecta al Ministerio de Agricultura, es entregar 2,9 millones de hectáreas, avanzando en la restitución y titulación como uno de los instrumentos esenciales “para alcanzar la paz y potenciar la producción agrícola nacional”.
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Sin embargo, al revisar el detalle de algunos de los indicadores de entrega de predios, se observa la meta de 'Hectáreas entregadas a través del fondo de tierras’ esta tiene un porcentaje de avance de 0%.
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Además, los expertos del sector opinan que el intento de llegar a las 3 millones de hectáreas fue una meta ambiciosa, que por más que se pretenda cumplir, en los dos años que quedan de administración solo se podrá alcanzar como máximo a las 500.000 ha.
Para la Ministra, este Gobierno en sus primeros dos años logró incorporar a la constitución política la jurisdicción agraria y desarrollar la conformación y estructura de esta el una ley estatutaria. “Hoy presentamos al país, nuevamente, el proyecto de ley ordinaria de jurídico agraria para garantizar un procedimiento adecuado y una justicia de cara a la realidad de los asuntos agrarios”, afirmó.
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Procesos agrarios
Con base en los datos entregados por la cartera, desde el inicio del mandato de Gustavo Petro se han decidido a favor de la nación 129.567 hectáreas a través de procesos agrarios en al menos 21 departamentos.
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Con estos procesos se pretende llevar a cabo mecanismos administrativos con los cuales puede haber un ordenamiento jurídico del territorio, “toda vez que permitan superar fenómenos irregulares de la propiedad y sanear y establecer la verdadera naturaleza de la misma”, dice la ANT..
En detalle, la cartera informó que se han culminado procesos de clarificación en los departamentos de Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, La Guajira, Meta, Risaralda, Santander y Sucre.
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Así mismo, se tomaron decisiones de deslinde sobre baldíos reservados y bienes de uso público en Bolívar, Casanare, Córdoba, Magdalena, Santander y Valle del Cauca.
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Y también se han culminado procesos de extinción de dominio en Antioquia, Arauca, Bolívar, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander, Sucre y Tolima.
“Se ha decidido sobre la recuperación de baldíos indebidamente ocupados en Bolívar, Guaviare, Meta y Vichada. También se han tomado decisiones identificando bienes de uso público de la Nación en este proceso en Antioquia, Meta, Santander y Vichada”, destacan.
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