Los efectos jurídicos que tendría el proyecto de jurisdicción agraria del Gobierno

Esta semana se radicó en el Congreso de la República el proyecto de jurisdicción agraria, otra de las apuestas del Gobierno que apunta a cumplir las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro para fortalecer la soberanía alimentaria en el país, mediante el aprovechamiento de tierras que actualmente no están siendo productivas, pese a tener el potencial para ello.

Durante la radicación del texto que entrará a consultas y votaciones, el Ministerio de Agricultura aseguró que los principios que orientan este proyecto de ley, con el que también se busca cumplir con los acuerdos de paz de 2016, se basan en la actuación de las autoridades judiciales en el análisis y solución de los conflictos que llegan a los despachos. Todo con el fin de ayudar a la superación de las barreras en la ruralidad.

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Si bien el fin de este proyecto parece loable, los medios que pretende usar no han caído muy bien entre los diferentes sectores de la economía y analistas, quienes además de denunciar que hay contradicciones legales en el articulado, advierten que acaba con las garantías judiciales en estos procesos, puesto que deja en manos del Ejecutivo, una función que le compete únicamente al poder judicial.

Uno de los primeros en presentar sus reparos al proyecto fue Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien manifestó que no cae en buen momento, ya que el país está buscando recuperar la inversión y lo que busca la jurisdicción aumenta la incertidumbre, lo cual podría terminar en una migración de capitales a otros renglones de la economía.

“El sector agro en Colombia, uno de los pocos que actualmente está funcionando bien, ha experimentado un crecimiento del 8 al 9 por ciento. Sin embargo, ha surgido una gran incertidumbre relacionada con posibles expropiaciones, lo que genera preocupación. Aunque el gobierno ha asegurado que el artículo 12 no está vinculado a expropiaciones, la percepción de incertidumbre persiste”, sostuvo. 

Para el líder gremial “esto se debe a la falta de claridad en la forma en que se abordará la cuestión, con lo que se crea un entorno de gran inquietud para los campesinos, agricultores, ganaderos y productores de alimentos en Colombia, lo que podría desalentar la inversión. La preocupación prevaleciente no es el mejor escenario para fomentar la inversión en el sector agro”.

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Por otra parte, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (Sac), criticó el proyecto de ley por eliminar las garantías judiciales en la mayoría de los procesos agrarios. Considera que esto contradice el compromiso del gobierno con el acuerdo de paz y el decreto ley 902 del 2017, que había garantizado una fase judicial para estos procesos.

“Si a usted le van a hacer un proceso de extinción de dominio por no explotar la tierra, primero se debe ir a un juez, al que la Agencia Nacional de Tierras le debe presentar todas las pruebas. Si se aprueba el proyecto, la ANT decide, le quita la tierra y ahí si se pasa a los estados judiciales, acabando con las garantías que había al respecto”, explicó Bedoya.

El vocero del sector agrario dijo que se debe prestar mucha atención, si se aprueba la jurisdicción, a que la Agencia Nacional de Tierras no vaya a ser politizada y expuesta a riesgos de corrupción, especialmente con mayores poderes administrativos sin la debida supervisión. Así mismo, indicó que se deben revisar las capacidades técnicas y de personal que pueda tener la Agencia para enfrentar estos desafíos. 

“Aquí lo que se trata es de dar seguridad jurídica a quienes tienen la tierra y a quienes son sujetos de la reforma agraria. Por eso debe mirarse con absoluto rigor jurídico y aquellas cosas que vayan al Congreso de la República, que no vayan a terminar siendo pupitreadas y simplemente haciendo coaliciones enmermeladas, sino que haya una discusión de cara al país, porque aquí lo que está en juego es la seguridad jurídica de todos los habitantes de la ruralidad”, manifestó Bedoya.

En el Congreso de la República los ánimos están divididos entre quienes manifiestan que la reforma agraria es una ‘expropiación exprés’, que dará facultades al Gobierno, que ya la Corte Constitucional dijo que no se podía; mientras que legisladores cercanos a la Casa de Nariño sostienen que se le está mintiendo al país.

Todo esto mientras el Ministerio de Agricultura señala que, como los conflictos que surgen en el campo son distintos a los de las ciudades, será necesario que la jurisdicción cuente con jueces nuevos, capacitados para resolver los conflictos que se presentan en la ruralidad con una perspectiva agraria y territorial.

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Portafolio también conversó con la exministra de Agricultura Cecilia López, quien manifestó que en la comparación entre la expropiación de tierras urbanas y rurales, no se está teniendo en cuenta que las condiciones y los desafíos son muy distintos. Haciendo énfasis en la baja legalidad de la tenencia de tierras rurales y los problemas específicos de abastecimiento.

“Cambiar la expropiación por la vía judicial y dejarla por vía administrativa, nos parece un peligro porque debilita la posibilidad de tener tierra en un momento dado. Ya no serán los jueces quienes decidan y esto puede incidir en pérdida de estabilidad para el sector agrario. Ya había un trabajo adelantado que parece que se está desconociendo”, acotó López.

Cecilia López señaló que el catastro multipropósito, que podría haber sido clave en la reforma agraria, no está siendo implementado adecuadamente. Al tiempo que advirtió que hay falta de interés del Ministerio de Agricultura y la falta de transparencia en la adquisición de tierras; con lo cual también se están ignorando las características de la población a trabajar.

“En esto no podemos pasar por alto que hay sombras, aquí hay una historia. Este es el tercer intento del Gobierno para hacer una reforma agraria por medio de financiación. Aquí hay una palabra de la misma Ministra de Agricultura que es lo más preocupante, porque se habla de una venta forzada en función de utilidad social, pero no sabemos qué se busca realmente con eso”, aseguró.

Por ahora las peticiones de los diversos interesados en el tema es para que no se trate el tema a la ligera y se garantice que el proyecto de jurisdicción agraria tenga el debate que amerita, dada la importancia para el sector agrario y la estabilidad de los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc.