En un reciente foro, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, destacó la urgente necesidad de establecer la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia.
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Esta medida, según Rodríguez, es esencial para llevar justicia especializada a las comunidades rurales, donde los conflictos agrarios han generado históricas tensiones y desigualdades. El Acuerdo Final de Paz de 2016 reconoció la importancia de crear un sistema judicial específico para abordar problemas de tenencia de tierras en el país.
La Jurisdicción Agraria y Rural, incorporada en la Constitución mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2023, busca resolver disputas agrarias de manera rápida y eficiente, garantizando así un acceso justo a la tierra para todos los colombianos.
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Durante la instalación del “Foro Jurisdicción Agraria y Rural: Estructuración y retos en el contexto de la Reforma Rural Integral”, Rodríguez Becerra expresó su preocupación por el incumplimiento de estrategias y metas en la Reforma Rural Integral. “Instamos al Gobierno Nacional a avanzar significativamente en la resolución de los múltiples conflictos agrarios que afectan el país”, afirmó.
El agro es uno de los ejes principales de la economía colombiana.
Archivo particular
El Contralor también alertó sobre la dilación en la puesta en marcha de esta nueva jurisdicción, lo que ha exacerbado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de tierras. “Sin acciones inmediatas, los sueños de acceso a la tierra para millones de colombianos seguirán siendo una promesa vacía”, advirtió.
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Rodríguez Becerra subrayó que la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos ha generado una grave inequidad en la tenencia de la tierra, limitando el acceso de las comunidades rurales a recursos productivos. “El país necesita claridad sobre la distribución de la tierra”, enfatizó.
Asimismo, el Contralor hizo un llamado a varias entidades del Estado para que trabajen en la actualización y operación del catastro multipropósito, fundamental para la correcta implementación de la Jurisdicción Agraria.
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Avances mínimos en la implementación del Acuerdo de Paz
Rodríguez Becerra calificó de alarmante la situación en torno al punto 1.1.1 del Acuerdo Final de Paz sobre la adquisición de predios rurales, revelando que hasta enero de 2024, menos del 1% de las hectáreas prometidas han sido adjudicadas a la población campesina. “A este ritmo, se necesitarían casi 4.000 años para cumplir con la meta de adjudicación de casi 3 millones de hectáreas”, aseguró.
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La nueva Jurisdicción Agraria y Rural se propone resolver los conflictos que antes atendía la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Sin embargo, el Contralor expresó su preocupación por la capacidad de la ANT para manejar estos desafíos, señalando una falta de recursos y coordinación con la Agencia de Desarrollo Rural.
En conclusión, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural es vista como un paso crucial para abordar las desigualdades históricas en la tenencia de tierras en Colombia. Sin embargo, los retos son significativos, y la implementación efectiva de este sistema judicial será fundamental para garantizar un futuro más equitativo para las comunidades rurales.
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