A un mes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, COP26, Colombia se ha trazado metas ambientales sobre los principales problema que tiene el país en esta materia.
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El presidente Iván Duque, en la sesión 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reiteró su compromiso con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
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El mandatario se comprometió junto con el Ministerio de Ambiente a reducir el 51% de estas emisiones para el 2030, y a adoptar una agenda con estragias claras para conseguir tal objetivo.
Una de estas es la ‘Gran Sembratón’, proyecto que pretende sembrar 180 millones de árboles este año. Sin embargo, hasta el último reporte del 8 de julio de 2021, el número de árboles sembrados es de 63.865.223, es decir, el 35,4% de la meta propuesta. Lo que quiere decir que hace falta más del 60%.
El sector privado se ha unido a esta estrategia, aportando a la siembra, 11.197.253 de árboles.
Frente a estas acciones de reforestación, Magaly del Carmen Belalcazar Ortega, líder ambiental del Caquetá, resaltó que es importante que el Gobierno se relacione con las comunidades indígenas para llegar a acuerdos sobre las especies que se deben sembrar en los territorios.
“Reforestar es el último paso. Hay que recuperar, conservar y proteger, primero”, añadió.
En el 2020, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Ideam, en Colombia se perdieron 171.685 hectáreas de bosque a causa de la deforestación.
Durante el primer trimestre de este año se ha reducido este fenómeno un 30% en Meta, Caquetá y Guaviare, los departamentos más afectados, que suponen más de la mitad de la deforestación en el país (56,3%).
Ahora bien, las cifras de bosque perdido en estos territorios sigue siendo desproporcionadas, en el primer trimestre de este año se han perdido 41.600 hectáreas.
Como medida para reducir estas cifras, el Gobierno expidió una ley de delitos ambientales que condena a aquellas personas que fomenten la deforestación a una pena de 8 a 15 de años prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
Ante esto, Camilo Burbano, abogado penalista señaló que los nuevos delitos consignados allí ya estaban cubiertos en el tipo penal de daño ambiental.
“Esta ley es un poco más de lo mismo. Además está comprobado que aumentar penas no soluciona ningún tipo de delito. Lo que realmente debería suceder es que se centren en mejorar las investigaciones y aumentar la capacidad de fiscales que se dediquen a la parte ambiental”, argumentó.
Otro de los proyectos de impacto ambiental es impulsar la delimitación consensuada de los páramos como el de Santurbán, en Santander y Norte de Santander; el páramo de Pisba, en Boyacá; Almorzadero en Santander y Norte de Santander; páramo de Cruz Verde, en Cundinamarca.
Por otro lado, según el Ministerio de Ambiente, se han restaurado 1.904 hectáreas en siete complejos de páramo, a través del programa ‘Embajadores de Páramo’, que vincula a los jóvenes en la protección de estos ecosistemas.
Asimismo, el Gobierno implementó la estrategia de economía circular con la que promovió 12 acuerdos empresariales para una gestión adecuada de los recursos. Uno de los ejes es el manejo del plástico. Según la cartera de Ambiente, en el año 2020 se dejaron de distribuir 714.633.426 de bolsas plásticas en puntos de pago, equivalente a una disminución del 69,37%, respecto al 2015.
De igual manera, registros de este ministerio indican que se han fortalecido 2.581 negocios verdes o empresas sostenibles que han generado 30.661 empleos, hasta la fecha.
Juliana Peña
Redactora de Portafolio
