La Contraloría General de la República alertó de que en una investigación para el sector de la salud se hicieron hallazgos fiscales por $ 6 billones en 24 EPS, por indebida destinación de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante la vigencia del 2020.
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Adicionalmente, destacaron que en ese mismo año, las entidades promotoras hicieron pagos de servicios de salud de vigencias anteriores por $ 5,4 billones con recursos de la UPC. Estos, tenían una destinación específica y no podía ser usados para fines distintos a los previstos en la Constitución.
El contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que tanto los recursos de la UPC y los de los Presupuestos Máximos, deben destinarse a los pagos de servicio de la vigencia, pero lo ocurrido en ese año fue que varias de estas EPS pagaron deudas propias con los excedentes de ese dinero, y no los devolvieron al sistema.
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“Las deudas privadas que no pertenecen al Estado, pero tampoco al sistema, no se pueden sufragar con los recursos públicos. El riesgo financiero actualmente fue llevado a cabo por las EPS”, dijo.
En detalle, los hallazgos en el informe de la Contraloría General permitieron ver que la EPS S.O.S pagó con el excedente de recursos de la UPC en el 2020 deudas por $ 86.000 millones del periodo comprendido de entre 2003 a 2015. Cuando dichas obligaciones ya estaban prescritas y las acciones judiciales habían caducado.
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De igual forma, otras de las implicadas fue la Nueva EPS, donde el pago de vigencias anteriores al 2020 fue por $ 62.000 millones para cubrir deudas de 2008 a 2015. Otras de las que se sumaron a la lista fueron Convida EPS que pagó $ 4.000 millones y EPS Ecoopsos que giró $ 1.621 millones.
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De igual manera, el estudio reveló que hay recursos que no tienen evidencia de uso durante ese año. En ese sentido, se produjo un excedente de $ 643.000 millones por concepto de presupuestos máximos. Entre las entidades que más tuvieron de sobra recursos están Capital Salud con excedentes que ascienden a $ 18.000 millones y Convida con $ 7.000 millones.
“El foco de la vigencia del estudio fue 2020, entendiendo que la pandemia generó efectos colaterales, como la disminución de la demanda de servicios no relacionados con covid. Varios de esos quedaron aplazados durante ese tiempo, lo que conllevó a que la productividad hospitalaria disminuyera. La facturación de los servicios por parte de las IPS disminuyó de manera notoria. Por ende, el gobierno de turno destinó $41 billones adicionales en las canastas de covid. Estos recursos se destinaron a pruebas, vacunas y atenciones en covid, justamente para evitar el uso de la UPC”, manifestó el Contralor.
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Otro de los puntos que se abordaron fue que los mayores valores pagados fueron por $ 5,3 billones, que resultan de la diferencia entre lo facturado por servicios prestados vs lo pagado. Así ocurrió con la Nueva EPS, en la que se evidenciaron pagos sin soportes por valor de $ 2,1 billones y en la Famisanar por $ 643.000 millones.
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Además se registraron pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud. Por ejemplo, a la Nueva EPS se le encontró que accedió a créditos bancarios durante el 2019, 2020 y 2021 por un total de $ 3,9 billones.
De ese total, $ 40.000 fueron destinados a pagos de honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina en Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, “incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC”, recalcó Rodríguez.
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En ese sentido, el organismo de control hizo 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal por una cuantía de $ 6 billones, los cuales dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal.
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Por otro lado, se hallaron 37 con presunta incidencia penal y otros 37 de disciplinaria. Además, se hicieron 24 hallazgos para apertura de indagaciones preliminares por cuantía de $ 5,3 billones y otros 37 con incidencia para traslado a la Supersalud, al Archivo General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación, y demás autoridades competentes.
“La CGR, reitera que los recursos de la salud son de naturaleza pública y parafiscal y se rigen por el principio de legalidad del gasto, por lo que su destinación debe circunscribirse de manera exclusiva al mandato legal taxativo y perentorio”, concluyen.
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