Esta semana comienzan formalmente las discusiones para definir cuál será el futuro del Presupuesto General de la Nación para el 2025 en el Congreso, en medio de riesgos de que el Legislativo lo devuelva, argumentando que no es viable su ejecución y que hay una alta dependencia de varios factores, con lo cual se puede generar nuevamente una desfinanciación en las cuentas del Estado.
De acuerdo con las cuentas propuestas por el Ministerio de Hacienda, el PGN para el próximo año viene por un monto de $523 billones, de los cuales $328 billones (63%) se destinan a funcionamiento, $113 billones (21%) al servicio de la deuda pública y $82 billones (16%) a la inversión pública. Acá hay que destacar en primera medida que el rubro de inversiones fue el más afectado.
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En medio de las alertas que se han emitido por estos cálculos, especialmente en gastos de funcionamiento, y los llamados para que desde ya se hagan recortes, un nuevo informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sostiene que hay un alto riesgo de desfinanciamiento, derivado de las metas de recaudo que se plantearon para la Dian.
“El monto propuesto en el PGN para 2025 supone un 3% de crecimiento en términos reales en comparación con el de este año. Este crecimiento se concentra en el monto destinado al pago de deuda pública con $13,1 billones adicionales (13%) y el rubro de funcionamiento con $17,6 billones adicionales (5%). Sin embargo, la inversión pública caerá 16% en términos reales con $14,8 billones menos para el próximo año”, arrancaron analizando.
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Para estos expertos, no hay que quitar la vista de que el gasto programado para el próximo año puede estar desfinanciado en $31,1 billones, provenientes de una Ley de financiamiento que prevé un recaudo de $12 billones adicionales, $14,6 billones más que vendrían por el recaudo por gestión tributaria de la Dian y lucha contra la evasión y $4,5 billones adicionales de recursos de capital resultantes de las utilidades de Ecopetrol y el resto de empresas industriales y comerciales del Estado.
“En el escenario que el Congreso no apruebe la Ley de Financiamiento la caída en el rubro de inversión pública podría llegar al 30%. En este sentido, el cumplimiento de la regla fiscal en 2025 dependerá de una reducción del gasto y de la realización de ajustes fiscales adicionales si se concretan los riesgos de desfinanciamiento señalados”, agregaron.
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Así las cosas, aconsejaron que en el corto plazo se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Por sectores, el que mayor asignación presupuestal tiene para 2025 es el servicio a la deuda pública con $110 billones, es decir que $21 de cada $100 pesos del presupuesto nacional se destinarán al pago de obligaciones crediticias. Es importante mencionar que al ser la deuda pública el sector con mayor presupuesto esto refleja un síntoma de unas finanzas públicas en deterioro, pues la mayor parte de este rubro se destina al pago de intereses cada vez más costosos”, manifestaron.
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Así mismo, acotaron que en paralelo, los mayores recortes en el rubro de inversión se centran en Inclusión y reconciliación social con $5 billones menos (−39%), Agricultura y Desarrollo Rural con $3,9 billones menos (−48%), TIC con $1,4 billones menos (−43%), Vivienda con $1,4 billones menos (−24%) y Educación con $800 mil millones menos (−9%). No obstante, la caída podría ser mayor de no materializarse la Ley de Financiamiento, con lo cual la inversión total caería hasta 30%.
