Ley de financiamiento y Presupuesto General de la Nación son dos términos que se han mencionado mucho en los últimos días por cuenta del debate que se está dando en el Congreso para definir las cuentas de ingresos y gastos del próximo año y que tiene enfrentados al Legislativo y el Ejecutivo, que no logran un punto de acuerdo sobre el monto, la destinación y fuentes de financiación.
Según lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, la idea es que el PGN 2025 sea de $523 billones, de los cuales $12 dependen de un proyecto de ley de financiamiento que mediante un cambio en el sistema tributario busca recoger ese faltante, lo cual no cayó muy bien en las comisiones económicas, donde no están de acuerdo en que la sostenibilidad fiscal dependa de una reforma tributaria en tiempos de desaceleración.
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Esta situación ha llevado a que varios analistas y centros de estudio señalen que hay un riesgo de desfinanciación por la dependencia que se observa entre la ley de financiamiento y el presupuesto. No obstante, en un reciente pronunciamiento, el Gobierno Nacional dijo que esto no es así y que las dos iniciativas son independientes, tanto en trámite, como en la finalidad que se proyecta para la Nación.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, en este debate se habla de dos procesos simultáneos que se van a tramitar de manera independiente en el Congreso, pero que tienen un objetivo en común, que es atender a las comunidades más vulnerables del país y garantizar una inversión efectiva que ayude a cerrar las brechas de pobreza que existen en las regiones.
Debate monto Presupuesto General de la Nación.
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“El Presupuesto General de la Nación (PGN) es un instrumento en el que cada año se detallan los ingresos y gastos del Estado, donde se define en qué se invertirán los recursos del Estado. El PGN es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el Congreso de la República para priorizar recursos para atender las necesidades del país”, arrancaron contando desde el DNP.
Esta entidad señaló en un comunicado que si bien las cuentas presupuestales para el otro año son muestra del compromiso por la sostenibilidad de las finanzas públicas, “en estricto cumplimento de la Regla Fiscal y de todos los compromisos legales del Estado”, no se podía pasar por alto que como “consecuencia de las restricciones macroeconómicas y fiscales, así como la alta rigidez producto de las decisiones y deudas heredadas de gobiernos anteriores, se hizo necesario presentar una Ley de Financiamiento”.
Así las cosas, señalaron que el objetivo de esta última es obtener recursos adicionales para financiar un mínimo de inversiones estratégicas que bajo otro escenario estarían desfinanciadas, sin cambiar de manera permanente las leyes tributarias existentes.
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“Presentar un proyecto de Ley de PGN y, de manera simultánea, una Ley de financiamiento no es algo nuevo, y diferentes Gobiernos en el pasado también lo han hecho. Esto está amparado en el artículo 347 de la Constitución Política, el cual faculta al Gobierno a tramitar una Ley de Financiamiento cuando los ingresos previstos no sean suficientes para atender los gastos mínimos que el Estado prevé asumir para el mantenimiento de las condiciones de vida de la población”, explicó Planeación Nacional.
En lo que respecta al presupuesto, agregaron fue previamente aprobado por el Confis y el Conpes, con lo cual para ellos se ratifica que los cálculos reflejan las prioridades económicas y sociales del país, por lo que actualmente, el proyecto se encuentra en su primera fase de discusión en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, quienes tienen que analizarlo y aprobarlo antes del 25 de septiembre en primer debate.
Presupuesto.
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“Posteriormente, en la primera semana de octubre, el proyecto pasará a las plenarias de la Cámara y el Senado, donde se designarán nuevos ponentes para el segundo debate. El objetivo es que, antes del 20 de octubre, el presupuesto sea aprobado en su totalidad. Finalmente, el presidente Gustavo Petro deberá sancionarlo antes del 30 de diciembre”, manifestaron en esta entidad.
Por otra parte, sobre la ley de financiamiento, dijeron que si bien algunos sectores de la sociedad han planteado que este proyecto de ley es una reforma tributaria, es necesario tener en cuenta que además de financiar el presupuesto de la siguiente vigencia, a diferencia de una reforma tributaria, plantea elementos más amplios que sólo modificaciones al estatuto tributario.
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“Si bien la aprobación de esta ley es crucial para financiar partidas incluidas en el presupuesto, esta se tramita de manera independiente al proceso de presupuesto. Ambos proyectos de ley son necesarios para asegurar que Colombia cuente con los recursos y las herramientas para enfrentar los retos actuales y futuros”, indicaron.
Dicho esto, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, cerró expresando "nuestro compromiso es con cada colombiano. Queremos que comprendan que estos procesos, aunque separados, son fundamentales para el desarrollo del país. Invitamos al Congreso y a la sociedad a avanzar unidos, priorizando el bienestar y el progreso de todos".
