Cerca de 90.000 ciudadanos firmaron el 'Pacto nacional por un mejor sistema de salud', con lo que le piden al Gobierno retirar el proyecto de reforma de la salud que ya fue aprobado en el primero de sus cuatro debates en el Congreso.
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Los firmantes mencionan que pese a la eliminación de artículos polémicos como la creación de los fondos regionales, el texto "no resuelve los problemas del sistema de salud y profundiza las inequidades, afectando la integralidad de la gestión en salud y la protección de los recursos del sistema".
Adicionalmente, afirman que pese a la celeridad con la que esta avanzando la discusión en el Legislativo, se escuchen a los espacios técnicos y a las voces del sector.
Dentro de sus preocupaciones describen que "la continuidad de la atención a los pacientes no está garantizada en el modelo aprobado, toda vez que fragmenta los niveles de atención y no contempla la gestión integral de la salud en cabeza de un agente responsable por los usuarios".
Otro de los puntos críticos para ellos es que "de avanzar en la aprobación del modelo propuesto, los pacientes sufrirán un retroceso en los niveles de atención alcanzados por el sistema actual. Se pierde el derecho a la libre elección de su asegurador y su prestador y quedan sujetos a un sistema de referencia y autorizaciones, en muchos casos operado por un ente público".
Además, creen que la reforma "no protege los recursos de la salud. La convivencia de presupuestos para la atención primaria, que aumentan en detrimento de la UPC para la mediana y la alta complejidad, rompe la contención integral del presupuesto y lo expone a su desborde" y tampoco "protege a los más de 100.000 trabajadores vinculados a las EPS ni contempla un plan de reconocimiento de los derechos acordados a través de convenciones colectivas de cientos de sindicatos que desaparecerían".
Por otra parte, en ese paso de EPS a gestoras, los firmantes creen que "la transición hacia las Gestoras de Salud y Vida no considera la complejidad de la operación que actualmente realizan las EPS y amenaza la continuidad de los servicios para los usuarios".
También reiteran que la Adres no tiene las capacidades para asumir las nuevas funciones que deberá ejercer, así como los riesgos financieros del proyecto del Gobierno.
Por lo pronto, se espera que salga el texto que se discutirá en la plenaria de la Cámara de Representantes, que según el Gobierno, debe salir en este periodo legislativo.
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