En cuestión de dos horas, el Consejo Nacional Electoral tomó tres decisiones clave en su sala plena el pasado 16 de septiembre, respecto a la investigación a la campaña Petro Presidente, en la que se habrían violado los topes financieros que la ley establece.
Cabe mencionar que varias declaraciones el presidente Gustavo Petro, en las que advertía que en dicha sesión se iba a cocinar un "golpe de Estado" en su contra, aumentaron la expectativa acerca de la votación prevista en el orden del día en torno a la ponencia que pide abrir un pliego de cargos por lo ya mencionado.
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"Pruebas chambonas", "violación del fuero presidencial", "plata de por medio para que el caso llegue a la Comisión de acusaciones y sacarme", fueron algunas de las aseveraciones que lanzó el jefe de Estado en días recientes, invitando también al pueblo a salir a las calles.
De hecho, un día antes de que comenzara la Sala Plena, se confirmó que Álvaro Hernán Prada, uno de los magistrados a cargo de la investigación, había tenido que sacar de Colombia a su familia por amenazas en redes y presuntos seguimientos con drones.
Magistrados del Consejo Nacional Electoral
No obstante, pasado el mediodía se confirmó que, tal como lo había anticipado EL TIEMPO, la votación de la aprobación, modificación o archivo de la proposición del pliego de cargos, quedó aplazada para el próximo 30 de septiembre, a las 8:00 a.m. Y es que la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, estaba incapacitada y solicitó que se le rotara el expediente para evaluarlo antes de dar su voto.
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Entre las pruebas recogidas por Prada y por Benjamín Ortiz, el otro magistrado investigador, hay recibos que probaría una clara violación de topes electorales, superior a los 5.300 millones de pesos.
La negativa a Baqueuro y a Carvajal
Más temprano, se negó el reintegro del magistrado Altus Alejandro Baquero al CNE. Su elección fue anulada por el Consejo de Estado, pero la Corte Constitucional ordenó su reintegro. Sin embargo, los magistrados acogieron la tesis de esperar la notificación de la sentencia para su reintegro.
El otro punto que se discutió fue el recurso de nulidad y/o aclaración sobre la determinación del Consejo de Estado del pasado 6 de agosto, que ratificó el apoderado de presidente Petro en el CNE, Héctor Carvajal.
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Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
De acuerdo con el alto tribunal, tanto el CNE como la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, están legalmente habilitados para investigar el tema dentro de su jurisdicción. Sin embargo, Carvajal, quien aspira a ser ternado por Petro para Procurador General, asegura que el CNE está violando el fuero del primer mandatario del país.
De igual manera, que la ley señala un plazo no mayor a 30 días para comenzar este tipo de investigaciones y la del CNE es posterior.
No se reconocerá la decisión del CNE
Sin embargo, Carvajal ya anunció que se piensa ir más allá. Aunque celebró un comunicado en el que el CNE señaló que se respetaría el fuero presidencial, el abogado anticipo que no se acatará cualquier decisión que tome el máximo organismo electoral.
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El aspirante al Ministerio Público señalo para arios medios de comunicación que las decisiones que se adopten "en cualquier entidad ante un juez, una corporación judicial y con mayor razón en una autoridad administrativa como el CNE, contrarias al régimen jurídico-institucional y a la jurisprudencia no atan ni al juez ni a las partes ni tienen fuerza vinculante ni constituyen cosa juzgada".
Consejo Nacional Electoral (CNE)
El rol de Ricardo Roa Barragán
EL TIEMPO trató de contactarse con Carvajal para preguntarle por la defensa de otro de sus apoderados, sin embargo, este no ha dado respuesta. Dicho cliente es Ricardo Roa Barragán, quien fue tesorero de la campaña Petro Presidente y que actualmente se desempeña como presidente de la petrolera estatal Ecopetrol.
El caso de Roa es distinto, pues no tiene fuero presidencial y, desde 2017, la violación de topes de campaña es considerado como delito penal.
Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol
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Sin mencionar al presidente de Ecopetrol, Petro ha calificado la evidencia como "chambona" e insta en que se están calificando como gastos de campaña a pagos que se hicieron posteriormente. Entre otros, ha hablado del pago a testigos electorales y la celebración de su victoria electoral en el Movistar Arena de Bogotá.
No obstante, en la ponencia se señala que en primera vuelta sí se registraron los pagos a testigos electorales, pero no en segunda vuelta. Además, hay cuentas opacas en servicios aéreos y en aparentes aportes de fuentes no autorizadas. En este último punto, la Fiscalía General de la Nación ya avanza en la investigación pertinente.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA
