A tan sólo dos días de que el Congreso de la República vote el monto total del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, de acuerdo con lo programado en la agenda legislativa de esta semana, el Gobierno Nacional sigue defendiendo a capa y espada su propuesta de ley de financiamiento con la que espera recaudar los $12 billones que le hacen falta para los gastos que tiene proyectados en el 2025.
Cabe resaltar que de los $523 billones propuestos para el otro año, a la Casa de Nariño le haría falta una buena parte, que varía dependiendo de cómo se mire, ya que para el Ministerio de Hacienda es de apenas $12 billones, mientras que autoridades como el Carf o Fedesarrollo, sostienen que puede rondar los $24 billones. Esto sin contar que el Consejo Superior de Política Fiscal cuantifica el faltante en $24,1 billones.
Esto sin contar que el acuerdo firmado la semana pasada con los camioneros la semana pasada y el hecho de que el diésel solo subirá $800 este año, le agregó una carga fiscal de por lo menos $7 billones a las cuentas de la Nación. Si bien para solucionar el problema de la plata que se piensa gastar y no se tiene, muchos han dicho que hay que recortar el gasto de funcionamiento, el objetivo para reducir sería la inversión.
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Advertencia de Planeación
En línea con lo que se ha dicho durante las reuniones con el Congreso para debatir el Presupuesto General de la Nación, Planeación Nacional volvió a pronunciarse sobre los renglones del Presupuesto que se verían afectados por un eventual recorte de estas cuentas y dijo al país que los $12 billones que llegarán por la ley de financiamiento, serán usados para inversión en las regiones.
Alexander López Maya
Prensa Senado
El director de esta entidad, Alexander López Maya, resaltó que el presupuesto presentado para 2025 refleja el compromiso del Gobierno nacional por la sostenibilidad de las finanzas públicas, en estricto cumplimento de la Regla Fiscal y de todos los compromisos legales del Estado, con lo cual no ven dudas respecto a su ejecución.
“Si bien el país atraviesa restricciones macroeconómicas y fiscales que han limitado la asignación de recursos de inversión para la próxima vigencia. Este Gobierno tiene el compromiso de garantizar un mínimo de recursos para que Colombia avance hacia la justicia social y la protección de la vida, materializando las transformaciones trazadas en el Programa de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, indicó.
Así las cosas, explicó que los recursos adicionales por $12 billones considerados en el presupuesto están amparados en el artículo 347 de la Constitución Política, que faculta al Gobierno a tramitar una Ley de Financiamiento para atender los gastos proyectados y que permitirán financiar un mínimo de inversiones estratégicas que bajo otro escenario estarían desfinanciadas, dada la alta inflexibilidad que actualmente existe en el proceso de programación presupuestal.
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“Estas rigideces son en parte resultado de las decisiones de Gobiernos anteriores, como la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), las vigencias futuras, las deudas de la pandemia pendientes de pago al Sistema de Salud, la opción tarifaria, entre muchas otras que aumentan la presión sobre el presupuesto de 2025”, agregó el director López Maya.
Alertas al Congreso
Fuentes que han hecho parte de las conversaciones entre el Minhacienda y los congresistas de las comisiones económicas, contaron a Portafolio que en varias ocasiones, las advertencia del Gobierno ha sido que en caso dado de que no se concrete la ley de financiamiento, los dineros que entrarán a revisar son los de inversión.
Inversión e inversiones.
Cortesía.
“Es importante mencionar que, ante esta realidad fiscal, la programación de la inversión para 2025 requirió un esfuerzo generalizado de los sectores hacia la priorización y la eficiencia del gasto, pero asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, el cual establece la priorización del gasto social frente a otras partidas”, dice el comunicado del DNP.
Debido a esto, cerraron indicando que “reducir el monto de inversión iría en contra del mandato constitucional de incluir en el presupuesto todos los gastos en los que incurre el Gobierno Nacional. Además, comprometería la priorización de las apropiaciones asociadas con el gasto social, destinadas a atender las necesidades básicas de los ciudadanos”.
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Alexander López, director de la entidad, concluyó que “estas decisiones irían en contravía de los más vulnerables y de las transformaciones sociales y productivas en las que el país debe avanzar para hacer de Colombia una potencia de la vida”.
