Reforma al Sistema General de Participaciones encuentra cada vez más resistencia

Como una alternativa insostenible y que podría agravar los problemas de caja que vive el país, ha sido calificado recientemente el proyecto de ley del senador Ariel Ávila, que busca dar un revolcón al Sistema General de Participaciones en Colombia para garantizar una mayor autonomía de las regiones y bajarle a la centralización de recursos y ejecución del gasto que hay actualmente en el gobierno central.

Concretamente se habla del Acto Legislativo 018 de 2024 Senado-437 Cámara, que busca cumplir con la promesa de la Constitución de 1991 de aumentar gradualmente las transferencias de ingresos de la Nación a las entidades territoriales, pasando del 22% actual al 46% en un plazo de 10 años; teniendo en cuenta que es algo que ya está pactado y ayudaría a superar las brechas de pobreza en los sectores más apartados del país.

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En palabras del senador Ávila, su proyecto también pretende acabar con una realidad en la que “los municipios se quejan de que el Estado les delega funciones sin plata y la Nación se queja de que ellos no pueden transferir más, porque tienen muchas funciones que le corresponderían a municipios. Entonces si va a haber un aumento de las transferencias en un periodo de 10 años, pues obviamente tiene que haber una ley de competencia”.

Si bien la meta inicial es que la reforma se haga en la década que viene, su ponente es consciente de que esto podría derivar en una fuerte carga fiscal para la Nación, con lo cual no descarta que quizá, durante los debates que vienen, se pueda ampliar un poco más el plazo de la transición que se tiene pensada. No obstante, deja claro que es algo que debe hacerse si se busca caminar hacia la descentralización.

Uno de los primeros equipos en lanzar alertas frente a este proyecto fue el Centro de Estudios Económicos Anif, que en un reciente estudio dijo que es un camino fiscalmente insostenible y que no le sirve a nadie, ya que por un lado el gobierno central pierde una gran cantidad de recursos y por el otro, las regiones no estarían listas para atender las responsabilidades que han de llegarle.

“La Constitución de 1991 hizo una apuesta importante por profundizar la descentralización. En los artículos 356 y 357 se estableció un aumento importante de las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación a los departamentos y municipios. Dicho aumento se programó de forma gradual y se proyectaba que hacia el año 2002 los municipios recibirían un 22% de las rentas que, sumadas a una mayor participación del Situado Fiscal de aquel entonces de hasta un 24%, asegurarían unas transferencias para los entes territoriales de hasta 46% de los ingresos corrientes de la Nación”, arrancaron contando.

En este sentido, desde Anif contaron que este proceso se vio truncado por la falta de un reordenamiento apropiado de las competencias entre la Nación, los departamentos y los municipios y porque las presiones de gasto social derivadas del nuevo modelo de Estado de la Constitución de 1991, combinadas con la llegada de las crisis económica de fin de siglo, agotaron rápidamente el espacio fiscal del Gobierno Nacional.

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“En la actualidad se fijó un régimen en el cual los recursos de los entes territoriales, en el creado Sistema General de Participaciones -en reemplazo del Situado Fiscal-, aumentan cada año en proporción a la variación porcentual de los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores. Las Leyes 715 de 2001 y 117 de 2007 se encargaron de determinar las competencias en respuesta a dichas modificaciones”, agregaron.

De esta forma plantean que ya hay unas reglas claras, que si bien se podrían ajustar, todo se debe hacer dentro de un proceso que no altere la estabilidad fiscal del país y por el contrario, se centre en el fortalecimiento de las competencias administrativas para las regiones. Así mismo, dejan claro que es preocupante que la iniciativa de reforma ya vaya para su sexto debate sin que se haya hablado mucho de la misma en la agenda pública.

“En el escenario actual y con base en las proyecciones oficiales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) las transferencias del SGP irán en aumento en la medida que los ingresos corrientes de la Nación han venido creciendo como proporción del tamaño de la economía. No obstante, con el Acto Legislativo 018, la presión adicional sería significativa, llevando a las transferencias del SGP a niveles nunca vistos, ni siquiera en la década de los 90”, acotaron.

Otro de los frentes en los que recientemente se lanzaron alertas y se mostró cierta resistencia al proyecto de reforma al SGP, está en el Congreso, donde la senadora Angélica Lozano envió cartas al Comité Autónomo de la Regla Fiscal y al mismo Ariel Ávila, en las que pide hacer un seguimiento más detallado a los efectos que tendrá sobre la economía del país, al tiempo que advierte que hay elementos que no se tienen en cuenta.

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“Se debe tener en cuenta que la distribución de competencias y recursos entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales no se relaciona únicamente con los recursos del SGP. El PAL incorpora asuntos que involucran aspectos más amplios que deberían articularse con una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), los códigos de régimen departamental y municipal y la normativa vigente”, comentó en la misiva.

Así mismo, Lozano sostiene que hay aspectos de la propuesta que no son claros y no son coherentes entre la redacción de la norma y su justificación, ya que no incorpora realmente criterios geográficos, sino que se basa en la división político-administrativa y persiste en la utilización de las categorías presupuestales de la Ley 617 de 2000, lo cual no es una aproximación técnica que reconozca la heterogeneidad de las Entidades Territoriales.

“La propuesta de acto legislativo incluye múltiples criterios para la focalización, priorización y distribución de los recursos (número de habitantes, municipios PDET, priorización de la asignación de propósito general, sectores y categorías, entre otros) generando diferencias entre los criterios propuestos de los mismos incisos. Al respecto, es necesaria la uniformidad y consistencia de las disposiciones, de modo que los criterios resulten claros y no complejicen el actual sistema”, dice en otro apartado.

Por último hay que destacar que entidades como el Departamento Nacional de Planeación han resaltado que la iniciativa en discusión no cuenta con un aval fiscal, por lo que se desconoce el impacto que realmente tendría sobre la economía local, al tiempo que destacan que desde la Casa de Nariño ya se está trabajando en este frente.