En el marco de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a las preocupaciones que tiene la entidad en torno al Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2025 y los desafíos que este representa para la estabilidad fiscal del país.
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Rodríguez hizo un llamado a que se haga la programación del PNG del próximo año, consultando la capacidad real de ejecución que tenga cada entidad. Esto considerando los bajos niveles de ejecución que ha venido registrando el presupuesto de la vigencia actual.
"La Contraloría observa con preocupación los bajos niveles de ejecución del presupuesto de la actual vigencia en términos de compromisos. Preocupa más si se revisan los indicadores en términos de obligaciones, que corresponde a la verdadera ejecución, como lo señala la Ley 819 del 2003", señaló el funcionario.
Por esa misma línea, el contralor señaló que de definirse el Presupuesto Nacional vía decreto se sugiere que se suspendan las apropiaciones que no cuentan con financiación hasta que no se produzca una decisión por parte del Congreso de la República.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el monto propuesto por el Gobierno ($523 billones) está desfinanciado por $12 billones, mismos que se contempla reunir a través del proyecto de ley de financiamiento.
"Quiere decir, que se adopta el presupuesto, que está desfinanciado por $12 billones, que será lo que tiene que estudiar el Congreso, pero mientras el Congreso estudia quedan congeladas las partidas presupuestales de esa magnitud. Si el Congreso de la República no lo aprueba, pues tendrá que expedirse entonces un nuevo decreto de recorte presupuestal de esos $12 billones para que se realicen ejecutándose o haciéndose acorde a la realidad que tenemos en el momento", explicó el funcionario.
Respecto al PGN del 2024 y su baja ejecución, indicó que el ente de control sugiere que si una entidad no va a alcanzar a ejecutar sus recursos asignados en lo que resta del año, tramite autorización para vigencias futuras de sustitución de apropiaciones, "con lo cual evita reducir e inducir a que se coloquen reservas presupuestales".
De acuerdo con el contralor, esto estaría "reduciendo la presión de gastos en la vigencia 2024, reduciendo el déficit y permitiría que se cumpla la Regla Fiscal".
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