El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, abrió por primera vez la posibilidad de renunciar a su cargo si los casos por los que se le investigan como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro afecta a la petrolera.
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En un debate de control político, que se realizó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Roa respondió los cuestionamientos de los congresistas y afirmó estar dispuesto a dar un paso al costado en caso de que las finanzas, el buen nombre y la reputación de la empresa que representa tenga consecuencias negativas por las investigaciones en su contra.
(Vea: La nueva junta directiva de Ecopetrol definirá futuro de Roa, tras informe de riesgos).
“He hecho el compromiso con la junta directiva cuando me entrevistaron, cuando me nombraron y lo tengo con la nueva junta, que la persona que les habla tiene claro que, si algún día, llegara a verse impactado, en el buen nombre, la reputación, el valor en el mercado bursátil de la compañía, el ejercicio de relacionamiento de los accionistas, por estar yo presidiendo, puedo hacerme a un lado sin necesidad que nadie me lo pida: ni la junta, ni el presidente, ni el Congreso. Mi forma de ser y actuar es así de transparente”, dijo Roa.
Estas declaraciones se dieron horas antes de que se conociera que los magistrados Benjamín Ortiz (partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicarán la próxima semana la decisión de si se abre o no pliego de cargos contra varios miembros de la campaña Petro Presidente 2022-2026 por violación de topes electorales.
(Además: Por qué se disparan los riesgos sobre Ecopetrol por indagaciones a Ricardo Roa).
Fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) le señalaron a EL TIEMPO que no se ha radicado aún ninguna decisión o ponencia: pero en cinco días se sabrá si encontraron mérito para investigar a Gustavo Petro (candidato), Ricardo Roa (entonces gerente de campaña), contadores y partidos que hicieron parte de la coalición del Pacto Histórico.
Ante de una eventual apertura de pliego de cargos, los magistrados investigadores revisaban respuestas de la DIAN, Colombia Humana y un par de empresas privadas para establecer si cerca de 6.000 millones de pesos que fueron usados para eventos de campaña no aparecen en libros y contabilidad.
Además de los pagos a los testigos electorales, los gastos que se indagan incluyen publicidad pagada a un canal de televisión, aportes de los sindicatos de Fecode y la USO, entre otros.
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