La Procuraduría de Colombia abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en un contrato para la ejecución de un programa del Gobierno para llevar alimentos a pobladores de la localidad de Albania, en el departamento de La Guajira, informó este miércoles esa entidad.
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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, denunció la semana pasada la posible malversación de dinero público en las 'ollas comunitarias', programa destinado a llevar alimentos durante 90 días a personas afectadas por algún desastre.
Para las 'ollas comunitarias' el Gobierno colombiano destinó 156.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares de hoy), de los cuales 20.000 millones (unos 5,1 millones de dólares) fueron para La Guajira.
La Procuraduría dijo hoy en un comunicado que de acuerdo con informaciones periodísticas, el dinero destinado al programa de asistencia alimentaria en ese municipio habría sido desviado para campañas electorales, entre ellas, la de la alcaldesa de dicha localidad, Nera Robles.
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Los medios de comunicación señalan también que las trabajadoras y proveedores subcontratados para la ejecución del programa al parecer no reciben sus pagos desde septiembre de 2023. Esta indagación se suma a la también abierta por la Procuraduría por posibles irregularidades en la UNGRD, con relación a la ejecución de este mismo proyecto en el departamento de Córdoba.
El Ministerio Público solicitó, entre otras pruebas, la documentación del contrato de "ollas comunitarias" en Albania, e información que permita establecer si la función de ordenador del gasto fue delegada a una autoridad distinta al director general de la UNGRD. Con esta indagación previa, el ente de control busca identificar o individualizar al posible autor o autores de la presunta falta disciplinaria, puntualizó la Procuraduría.
La UNGRD, creada en 2011 para prevenir y responder a emergencias en un país como Colombia, expuesto a catástrofes de todo tipo, está en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción que toca directamente al Gobierno y al Congreso.
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El caso que ha puesto los ojos del país en la UNGRD tiene que ver con la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de apoyo en el Congreso las reformas sociales del presidente colombiano, Gustavo Petro.
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EFE
