El proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que le daría facultades de autoridad ambiental a las comunidades indígenas entrará a estudio la presente semana en la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño.
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El análisis del citado articulado en Presidencia y confirmado a Portafolio por un vocero de la citada cartera, fue uno de los puntos de acuerdo al que llegaron el Ministerio del Interior y la Minga indígena la semana anterior, y que tiene prendidas las alarmas en el sector minero energético.
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El contenido del decreto otorgaría la competencia a los cabildos de aprobar o negar permisos ambientales, tomando como base conceptos como la cosmovisión del mundo, sin involucrar algún análisis técnico, e invocando en sus consideraciones el capítulo étnico del acuerdo de paz con las Farc.
“Las conclusiones de este estudio son apenas una evaluación sobre las implicaciones de su articulado en los sectores productivos del país, las cuales serán discutidas con los representantes jurídicos de las comunidades indígenas, y los abogados de la Secretaría Jurídica de Presidencia y del Ministerio de Ambiente”, resaltó Luis Ernesto Gómez Londoño, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, del Ministerio del Interior.
En el documento, se establecen las condiciones y procedimientos, con sujeción a los cuales los cabildos tendrían competencia para administrar, controlar, vigilar y sancionar dentro de su jurisdicción acciones que se adelanten sobre el medioambiente y los recursos naturales.
Así mismo, con el articulado se elevaría a estatus municipal a las 849 comunidades indígenas (muchas de ellas nómadas y con alcance indeterminado a nivel de territorio), que están registradas ante el Dane y el Misterio del Interior, y con base en un artículo de la Constitución Política sobre Entidades Territoriales Indígenas (Etis), y que desde 1991 ningún gobierno ha reglamentado.
Para el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, este decreto es contraproducente ya que las consultas previas otorgan a las comunidades indígenas potestad para incidir en el ordenamiento de sus territorios con relación al desarrollo de proyectos minero-energéticos.
Por su parte Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), aseguró que de expedirse el decreto se frenaría la inversión en los proyectos para la producción de hidrocarburos, más cuando el país necesita desarrollarlos en el corto o mediano plazo para evitar el desabastecimiento.
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