Lograr una mayor transparencia en el sector público es uno de los grandes objetivos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, una de las principales tareas pendientes para el ejecutivo de cualquier país.
Así lo afirma el especialista sénior en el sector público del Banco Mundial, Paul Prettitore, quien destacó que este problema no es una excepción en Colombia y que el Gobierno debe trabajar para cambiar su cultura en este sentido.
¿Cómo califica la gobernanza en Colombia?
Sobre todo, he trabajado con las instituciones de justicia y lo que he visto es bastante impresionante, ya que la calidad técnica y la capacidad del personal es muy alta.
Colombia tiene una buena legislación, sobre todo en lo que tiene que ver con el conflicto y las víctimas, y el marco legal e institucional es bastante completo y serio.
Por supuesto, hay problemas, pero es positivo ver que el Ejecutivo los está revisando, no los ignoran, y apreciamos mucho cómo se trata de hacer mejor en temas de estadísticas y planeación. Hay un buen trabajo, se han realizado reformas y se están llevando a cabo grandes esfuerzos para que los sistemas y los servicios sean más accesibles.
¿Qué problemas han identificado en el país?
Una vez más, tomando la referencia de la justicia, creo que lo principal está relacionado con el conflicto. Se han hecho muchos ajustes en el marco legal, pero este es complejo y su implementación es complicada, al igual que coordinar a las distintas instituciones.
¿Cuál es la clave para impulsar la transparencia?
Colombia tiene que cambiar la cultura en el sector público sobre transparencia y apertura. Es muy positiva la intención de hacer que haya mucha información disponible, pero sé que los procesos de petición son muy lentos y no todos lo consiguen o no se cumplen con las fechas límite de respuesta.
La información no solo debe ser pública, sino de fácil acceso; esto debería ser una norma, pero parece que la situación es la opuesta. La cultura no ha cambiado lo suficiente, no hay la apertura necesaria en cuanto al trabajo del Gobierno.
¿Esto es algo común?
Por supuesto, es un problema de todo el mundo. Cualquier información del Gobierno acerca de temas como el presupuesto o proyectos se maneja internamente y, cuando alguien quiere acceder, tiene que justificar la razón de la búsqueda, y ahí se decide si se concede o no. Estamos hablando de cambiar eso. La gente debería tener acceso a cualquier cosa que quiera y las excepciones deberían ser en casos muy concretos, cuando sean clasificados por razones obvias.
Es difícil mover al sector público a este nuevo modo de pensamiento, toma un tiempo. En este sentido, no es que Colombia esté en una situación particularmente mala, pero se podría hacer mucho más.
¿Esto es clave en la lucha contra la corrupción?
Creo que con la corrupción, uno de los principales problemas es que la gente con poder o dinero los usan para lograr beneficios en los negocios, para ganar contratos o acceso a tierras, todo por sus vínculos con el Gobierno. Volviendo al tema de la apertura, si la Administración tiene más información disponible, eso ayuda a tener un mayor control sobre todos estos temas.
Y en cuanto a desigualdad, ¿qué se puede hacer?
Hay muchas maneras de luchar contra esto, pero los principales problemas que generar inequidad se ven en el acceso a servicios y oportunidades. Ahí es donde el Gobierno debe impulsar una mayor inclusión y asegurarse de atender sobre todo al segmento de la población más vulnerable. Por esto, las claves son las reformas en seguridad social, de tierras, salud o educación, pero sobre todo, la implementación, monitoreo y evaluación de estas.
¿El proceso de paz será un impulso en este sentido?
Espero que sí, y lo interesante será el proceso de transición, ya que estos momentos son perfectos para llevar a cabo grandes reformas a nivel político e importantes cambios sociales.
¿Transferir esto a las empresas públicas es fácil?
Si, debería ser un proceso sencillo, porque son una extensión del Gobierno. Hay que tener en cuenta que el Gobierno debe imponer esa transparencia en temas como los presupuestos, a quién se contrata o a qué institución se le conceden contratos y demás. También, el sector publico debería estar realmente involucrado en evaluar la eficiencia de los servicios que ofrecen las empresas públicas.
Rubén López Pérez
