La Corte Constitucional realizó una audiencia pública orientada en discutir el manejo del monopolio de los licores en los departamentos del territorio nacional, en especial en lo referente al mercado del aguardiente. En el debate participaron gobernadores, expertos en materia económica y licoreras para presentar sus posturas sobre la Ley 1816 de 2016.
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La discusión se ha visto motivada por las demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre los incisos primero y segundo del artículo 28 de la ya mencionada norma. Misma que faculta a los departamentos que fabrican aguardiente suspender la expedición de los permisos de introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus jurisdicciones.
De hecho, a raíz de esta ley, en varias ciudades del país no se comercializan marcas de aguardientes típicas de otras regiones. Como es el caso del Aguardiente Amarillo de Manzanares, que es fabricado por la industria licorera de Caldas, pero que no se distribuye en Cundinamarca a causa de una prohibición.
Así las cosas, el alto tribunal reunió todas las demandas en un solo paquete para escuchar los argumentos de cada una de las partes.
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Aguardiente Amarillo de Manzanares
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¿Cómo avanza el debate?
Durante la sesión, el abogado Julio Andrés Ossa, uno de los demandantes, señaló que el debate en torno al monopolio rentístico del aguardiente va más allá de lo económico. "Es hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de la libertad humana y qué legitimidad tienen las entidades territoriales para prohibir la libre competencia, la iniciativa privada, la libertad económica y la propia libertad de la elección de los individuos", mencionó.
Ossa también hizo un llamado a pensar qué pasaría si con otro producto se aplicarán las mismas normativas de comercialización. Esto, según él, eso afectaría no solo la libertad económica, sino la capacidad de elección de cada ciudadano.
A su turno, Gabriel Ibarra, experto en derecho de la competencia, dijo que hay estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que exigen requisitos nunca contemplados en la ley.
"Primero, se exige que quien invoca la salvaguardia, dé un plan de ajuste porque puede haber ineficiencias estructurales que la han llevado a eso, y tiene que demostrar que esas ineficiencias no son la causa, y si lo son tiene que acometer un plan de ajuste", explicó.
El experto, además, destacó que debería haber una compensación a los afectados.
Julio Andrés Ossa, uno de los demandantes
Otras intervenciones
Entre los participantes de la audiencia, que tuvo lugar en Bogotá, se incluye el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En su intervención, el jefe de esta cartera aclaró que no tiene injerencia sobre los ingresos que reciben los municipios.
En sus cuentas, resaltó que, de los 32 departamentos que integran el territorio nacional, siete (más Bogotá) producen aguardiente. Estos son Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Tolima y Caldas. Asimismo, otros seis departamentos tienen el derecho de ejercer este monopolio, pero no producen este licor, es decir, solamente maquilan lo hecho por otras empresas.
En esa misma línea, el ministro Bonilla cuestionó que "desafortunadamente, para efectos de lo que hoy tiene discusión, la salud se financia con el vicio, eso no debería suceder en Colombia ni en ninguna parte del mundo, pero lo que tiene claro es que tener el monopolio de los licores significa un ingreso que tarde o temprano una parte de él se va a financiar la salud, aunque la salud no sólo se financia con esto".
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda
Por su parte, el director de apoyo fiscal del Minhacienda, Néstor Urrea, explicó que con los dineros recaudados con el monopolio rentístico de los licores destilados se destina un 3% al deporte, un 37% a la salud y del porcentaje restante se destina un 51% a la educación.
Los gobernadores del Valle, Caldas y Cundinamarca también hicieron parte del debate.
En el caso del gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, este destacó que la discusión se ve motivada por el derecho a acceder a un mercado abierto y competitivo. En ese sentido, señaló: "Por qué el Estado a través de los gobiernos departamentales debe decidir qué tipo de aguardiente consumir. ¿No somos los ciudadanos la capacidad de elegir libremente el aguardiente que deseamos sin imposiciones, tal como lo hacemos al escoger cualquier producto en un establecimiento de comercio?".
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