Esta semana continuó su tránsito en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca la eliminación del impuesto del 4x1.000. La iniciativa, impulsada por la representante verde Katherine Miranda, desmontaría de manera gradual este gravamen a los movimientos financieros (GMF) a partir del 2023 y hasta 2025. Para sustituir los recursos de este tributo, calculados en unos 9 billones de pesos, el articulado propone un impuesto a los salarios altos y la eliminación de los beneficios tributarios a las grandes inversiones.
Si bien el proyecto apenas inicia su trámite al ser aprobado en primer debate, el hecho de que por muchos años se haya recomendado eliminar este gravamen llama la atención sobre la iniciativa. No sobra reiterar los efectos negativos del 4x1.000 en el proceso de bancarización y en el aumento de las transacciones y uso del efectivo y desincentiva la formalización financiera de las empresas.
No obstante, la iniciativa legislativa no cuenta hoy con un aval del Ministerio de Hacienda, crucial en el avance de medidas de corte tributario en el Congreso. Tras haber surgido con una tasa menor y en teoría de forma temporal, este impuesto debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. Sin embargo, una decisión de esta naturaleza requiere de una mayor coordinación entre Gobierno, congresistas y sistema financiero tanto para encontrar cómo llenar el hueco de los recursos como para planificar el desmonte del gravamen.
Cambiar los efectos negativos del 4x1.000 por impactos a los trabajadores de altos ingresos o en la modificación de los estímulos para atraer capitales e inversiones no responde a una estrategia mucho más integral (y quizás menos rápida). El debate sobre la jubilación necesaria del gravamen debería reactivarse en un momento político donde esa coordinación entre las autoridades económicas del Ejecutivo y el Congreso fluya de mejor manera.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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