La Contraloría General de la República prendió las alarmas sobre la posibilidad de que 10 millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía en diferentes regiones del país.
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La advertencia la hizo al establecer que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, alertó la entidad.
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Ante esta posibilidad, el organismo de control precisó que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero que hasta la fecha no conoce algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad.
Energía eléctrica.
Al respecto, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, “como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía”.
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Para la Contraloría, esta situación ocurre ante la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos.
“Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, dice la entidad.
Al respecto, Asocodis gremio comercializadoras de energía, a agosto de 2024 el Gobierno debe 1,3 billones.
A agosto 31/24 el Gobierno Nacional les adeuda a las empresas 1.3 billones de pesos por subsidios ya otorgados. Adicionalmente el presupuesto del 2024 y del 2025 estarían deficitarios en subsidios por 2 billones. Urge pagar y apropiar los recursos para los usuarios más… https://t.co/bQdu1dLCfM
— ASOCODIS (@asocodis) September 2, 2024
"Las empresas pequeñas no tienen recursos para pagar nómina. Hay empresas pequeñas que el valor de los subsidios superan su saldos de caja positivos. Eso se hace más crítico por los saldos de la opción tarifaria", indicó la agremiación.
PORTAFOLIO
