Colombia se encuentra en una encrucijada clave en su matriz energética. Buscando diversificar sus fuentes de energía, los programas de incentivos para la adopción de energías renovables han emergido como catalizadores de cambio. La visión a largo plazo del gobierno colombiano busca reducir las emisiones de CO2 en un 51% para el año 2030, alineándose con objetivos internacionales de sostenibilidad.
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Frente a este panorama, lo interesante es que el país cuenta con una capacidad efectiva neta de generación de 18,777 MW, según un informe de Corficolombiana, con la energía hidráulica representando el 66.8% y la energía térmica el 30.5%. Sin embargo, también es un desafío la dependencia que se tiene de los recursos hídricos, por lo que, desde hace algún tiempo, el Gobierno Nacional busca promover e incentivar el desarrollo de energías renovables.
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Silvia Alejandra Pinto, CEO de Home Sun, compañía que lidera la implementación de proyectos de energía solar en el país, asegura que la clave podría estar en el desarrollo de proyectos solares por parte de las empresas. Esto no solo generaría beneficios monetarios y tributarios, sino que también crearía una conexión directa con herramientas destacadas como los "Bonos de Carbono". Estos representan una innovadora forma en la que las empresas pueden no solo mitigar su huella ambiental, sino también contribuir activamente a la lucha global contra el calentamiento global.
“Según la Ley 926 de 2017, estos bonos representan proyectos o actividades a nivel nacional, regional o local que buscan la reducción, remoción o captura de gases de efecto invernadero (GEI). Cada bono, equivalente a la remoción de una tonelada de dióxido de carbono (CO2), se convierte en una moneda ambiental con el potencial de transformar el compromiso ambiental de las empresas”, explica Pinto.
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Actualmente, coexisten dos grandes categorías en el mercado del carbono: el sistema voluntario y el sistema obligatorio. El primero permite a entidades, tanto públicas como privadas, compensar sus emisiones, generalmente vinculadas a la responsabilidad social corporativa. El segundo, por otro lado, surge de obligaciones legales, imponiendo metas específicas a las empresas.
Cabe señalar, que cada proyecto que emite Bonos de Carbono debe pasar por un proceso de certificación riguroso. Un auditor, designado por autoridades internas o externas, verifica que el proyecto cumpla con estándares internacionales. Este paso es esencial para garantizar la integridad, trazabilidad y calidad de cada bono, sea parte del sistema voluntario u obligatorio.
“Acá es donde entra a jugar un papel fundamental el desarrollo de proyectos de energía solar, ya que, por medio de la instalación de paneles solares y el uso de medidores, podemos no solo verificar cuánto es la generación de energía y la reducción de CO2, sino que también, buscar llegar a ser un emisor de bonos de carbono, lo cual, le daría grandes beneficios financieros a la empresa”, señaló Pinto.
A la fecha, Home Sun ha realizado 15 proyectos de energía fotovoltaica que han desarrollado en solo tres años. Los cuales generan en la actualidad más de 2 megas, evitando la emisión de 711 toneladas de dióxido de carbono (CO2) cada año y la tala de más de 26.644 árboles anualmente.
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Si las empresas se vuelven más conscientes de su impacto ambiental mediante la compra o venta de bonos, pueden lograr la neutralidad de carbono, equilibrando las emisiones con iniciativas de mitigación. Este compromiso no solo impulsa la sostenibilidad, sino que también redefine el rol corporativo en la lucha contra el cambio climático.
Acá, hay otro dato importante y es que el precio del bono de carbono está fijado por el impuesto nacional al carbono, que está contemplado en la Ley 1819 de 2016, y que se regula cada año con el IPC.
Este gravamen lo suele pagar las personas y las empresas basadas en el contenido de carbono de los combustibles, que para 2023 era de $20.500 por tonelada de carbono equivalente.
La directiva de Home Sun, recuerda que el Decreto 926 de 2017 establece las características de las reducciones de emisiones y remociones de GEI, por ende, es tan fundamental la verificación de las toneladas de CO₂ elegibles para la neutralización de las emisiones asociadas al uso de los combustibles fósiles grabados por la Ley.
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Los bonos de carbono no son simplemente certificados ambientales; son monedas de cambio que catalizan la transformación hacia una economía más sostenible. Colombia, que está comprometida con la mitigación de GEI, lidera proyectos que van desde tecnologías de alta gama hasta soluciones basadas en la naturaleza. En la unión de esfuerzos de empresas y gobierno, estos bonos se perfilan como un paso decisivo hacia un futuro donde la sostenibilidad no es solo un ideal, sino una realidad tangible.
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