La polémica decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo la cual se expidió el decreto 1047, prohibiendo las exportaciones de carbón a Israel desde septiembre, no sólo sigue generando un debate profundo por el impacto económico en las finanzas nacionales y en las regiones productoras como La Guajira y el Cesar, sino que ya tiene a los expertos haciendo cálculos jurídicos.
El documento argumenta que “la República de Colombia considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan un quebrantamiento a la paz y seguridad internacional” y señala que 90% de lo exportado desde Colombia hacia esta nación es hullas térmicas (carbón).
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En este sentido, “la República Colombia ha decidido contribuir a las medidas adoptadas internacionalmente con el fin prevenir la continuación de las amenazas a la paz y seguridad internacionales generadas por Israel estableciendo una medida de prohibición a las exportaciones de carbón hacia dicho país”.
Pero se trata de una medida con una serie de efectos en la economía del país, así como con implicaciones legales de gran calado que, de hecho, podría llevar a demandas ante tribunales de arbitramento.
"El decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro que prohíbe exportaciones de carbón a Israel es demandable en nulidad ante el Consejo de Estado por violar las normas constitucionales y legales de protección de la libre competencia económica", fue el contundente mensaje de Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia.
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Precisamente, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) señaló que la decisión es “inconstitucional e ilegal ya que transgrede los artículos 150 y 189 de la Constitución, la Ley 7 de 1991, el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en sus Tratados de Libre Comercio”.
Los artículos de la Constitución que menciona la Asociación se refieren a las funciones del Congreso y las del Presidente, señalando así que la medida podría transgredir las funciones asignadas a cada uno.
Por su parte, Fenalcarbón, que agremia a las empresas productoras de carbón, también manifestó su oposición y la consideró que es arbitraria, ilegal e inconstitucional. Alegó que la decisión pone en peligro acuerdos y contratos ya firmados entre compañías de ambas naciones.
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Juan Camilo Nariño, ACM
ACM
Sin embargo, el decreto señala que con respecto al Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel “autoriza a las partes del tratado a adoptar las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas con respecto al mantenimiento o para la restauración de la paz o la seguridad internacional o la protección de sus intereses esenciales”.
De igual manera, el documento señala que la decisión es “constitucionalmente necesaria”, y además insiste que tiene validez.
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No obstante, Nicolás Arboleda, socio de Arboleda Abogados, aseguró que el decreto carece de legalidad y constitucionalidad, puesto que cualquier persona tiene la libertad de comerciar con cualquier país. Destacó que el Gobierno no puede restringir el comercio exterior.
Por este motivo, el decreto podría ser demandado ante el Consejo de Estado o la Corte Constitucional. El argumento presentado por el Ministerio de Comercio, así como por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Minas y Energía, es que hay una necesidad urgente de “proteger la moral pública y los intereses esenciales de seguridad de la República de Colombia”.
Al respecto, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, señaló que “el argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones”.
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Por su parte, Fenalcarbón aseveró que no se trata de negar un conflicto histórico, pero este tipo de medidas no son parte de la solución y, por el contrario, sí causan un menoscabo al bienestar de la nación colombiana en una reducción del pago de renta y, por su puesto, del pago de regalías.
Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que en segundo semestre caerán la ventas.
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Efectos económicos y fiscales
El Gobierno descarta que la decisión pueda tener efectos económicos, afirmando que las regalías no se verían afectadas, en vista de que estas se calculan con la producción a boca de mina y no dependen directamente de las exportaciones.
Además señala el decreto que “las exportaciones a Israel de carbón térmico sòlo representaron el 5,05% del total del carbón exportado por Colombia en 2023”. Por esto, el Gobierno en dicha medida señala que la medida cuenta con viabilidad fiscal a tiempo indeterminado.
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No obstante, la ACM destacó que este 5% de las exportaciones es equivalente a US$447 millones, equivalentes a la totalidad de las exportaciones de Colombia al Reino Unido, 1,2 veces las exportaciones de rosas y 2,2 veces las de aguacate hass.
En términos de impuestos y regalías, el efecto sería de $650.000 millones, cuyo efecto se vería particularmente fuerte para regiones como La Guajira y Cesar, que en conjunto dejarían de recibir recursos por $100.000 millones.
"Este aporte fiscal es equivalente al 31% de lo que contribuye en renta todo el sector TIC y al 20% del aporte del sector de la construcción", señaló la ACM.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
