De unos meses para acá se ha vuelto más frecuente la alerta que difunden los medios de comunicación con respecto a la posibilidad de que Colombia tenga que enfrentar en el futuro próximo una crisis energética.
Las advertencias llegan desde diferentes expertos y sectores, como por ejemplo de un estudio de la Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín, financiado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), y que indica que la seguridad del suministro eléctrico de distintas regiones puede estar en riesgo a partir del año 2025 si no se logra la expansión del sistema de transmisión nacional, cuyas redes no han registrado el crecimiento esperado.
Alrededor de esta problemática, algunas de las firmas más destacadas en la categoría de ‘Energía y recursos naturales’ del ránking ‘The Legal 500’ analizan la situación del país y dan su punto de vista acerca de los retos que debe asumir Colombia para evitar un posible apagón en el futuro cercano.
Para Claudia Navarro, socio del equipo de Infraestructura y Energía en Brigard Urrutia, los retos que debe asumir Colombia consisten en que todas las instituciones del Gobierno Nacional asociadas el sector energía (Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Unidad de Planeación Minero Energética -UPME-, Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, entre otras) deben estar alineadas con este objetivo común.
“No se debe olvidar que constitucionalmente el Estado debe garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios a todos los habitantes del territorio nacional. Ello no
quiere decir que el Estado deba prestar tales servicios, sino debe garantizarlos. Lo anterior, aunado al hecho de que es imperativo garantizar la prestación de este servicio, dada la existencia de una especial relación con la necesidad de garantizar los fines del Estado, la eficacia del principio de la dignidad humana y el goce cabal de los derechos fundamentales”, argumenta Navarro.
De acuerdo con Álvaro José Rodríguez, socio del área de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía en Posse Herrera Ruiz, ante todo, la seguridad jurídica es fundamental.
“Dejar que opere la regulación existente y que cualquier intervención que sea necesaria hacer sea dentro de los principios de libre mercado, tratando de distorsionar el mercado lo menos posible. Lo que se necesita es predictibilidad”, explica el experto de esta firma localizada en la banda uno del más reciente listado de la prestigiosa publicación internacional.
A su vez, Adriana Espinosa, socia en Garrigues, dice que, sin duda, el mayor desafío es generar un ambiente de confianza y certidumbre a los inversionistas del sector para que, por un lado, se puedan culminar los proyectos que han tenido dificultades en su ejecución y, por otra parte, se dinamice el desarrollo de nuevos proyectos, no solo de generación, sino también de transmisión de energía, los cuales son cruciales para la confiabilidad de la matriz energética.
“Basados en nuestra experiencia, los puntos que en la práctica han representado grandes retos para los proyectos han sido la conexión y los altos costos asociados a sus garantías, así como la gestión de licencias y permisos ante las autoridades ambientales, lo cual según anuncios recientes del Ministerio de Minas y Energía será objeto de algunas modificaciones regulatorias en las próximas semanas, con el fin de promover el desarrollo y terminación de los proyectos”, manifiesta Espinosa.
Mientras que para Bladimir Alzate, de Alzate Abogados, se debe tener en cuenta que la suficiencia energética es un tema de seguridad nacional, ya que en este ámbito la
política energética está orientada a garantizar el suministro de energía de manera sostenible respetando el medioambiente.
Por esta razón, cree que cada vez más se impulsa la creación de energías verdes que permitan suplir los picos de poca generación. “Pero lo más importante desde el punto de
vista legal es la seguridad jurídica que se les debe brindar tanto a los generadores
como a los distribuidores de energía, sobre todo en el ámbito tarifario, ya que este mercado es regulado y en ese sentido las tarifas determinan la viabilidad económica de
las empresas del sector, en tanto que las políticas públicas necesariamente afectan para bien o mal el mercado energético”, precisa Alzate.
