El 69 por ciento del PIB nacional está concentrado en 20 de los departamentos con mayor riesgo por cambio climático en Colombia, según la Tercera Comunicación de Cambio Climático de Naciones Unidas. El documento también indica que en 20 años, las emisiones del país aumentaron en un 15 por ciento (36 millones de toneladas de CO2 equialentes), pasando de 245 Mton en 1990 a 281 en 2010, ubicando a Colombia en una posición vulnerable ante los efectos del cambio climático.
Estos son algunos de los indicadores que llevaron al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a impulsar la Ley de Acción Climática (2169 del 2021), que fue sancionada por el presidente Iván Duque el 22 de diciembre del año pasado, y que elevó a rango de norma los compromisos climáticos.
Ley de Acción Climática buscó robustecer el marco normativo para enfrentar las afectaciones del cambio climático. En este sentido, estableció unas medidas mínimas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, trazó la ruta para que el país pueda compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
“La Ley de Acción Climática la hemos denominado la constitución climática de Colombia, porque está fijando el norte y los derroteros para las próximas décadas en la protección de nuestra casa común. No hay un planeta B, no hay otra madre tierra; es esta y la tenemos que cuidar”, dijo el presidente Duque al sancionar la esta Ley, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En líneas generales, la Ley de Acción Climática contiene: las metas nacionales para la mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la carbono neutralidad;las metas nacionales sectoriales para la adaptación y la resiliencia climática; las medidas para el logro de las metas del país en materia de mitigación y adaptación del cambio climático; disposiciones para la promoción y el desarrollo de los mercados de carbono; estructuración del plan de implementación y seguimiento a las metas de mitigación de GEI, carbono neutralidad y adaptación, y disposiciones en materia de financiación relacionadas con el Impuesto al Carbono.
En ese sentido, se establecen acciones concretas para hacerle frente al cambio climático de la mano de sectores como el de transporte, ambiente y desarrollo sostenible, minas y energía, vivienda, ciudad y territorio, argropecuario, pesquero y desarrollo Rural, y comercio, industria y turismo.
En total, son 196 medidas de mitigación, adaptación y medios de implementación con las que el Gobierno Nacional en su conjunto, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca construir un desarrollo resiliente al clima para alcanzar la reducción de un 51 por ciento de emisiones de GEI a 2030 y la carbono-neutralidad en Colombia al año 2050.
Cada una de estas medidas se harán a través de un plan de implementación que tendrá especial seguimiento por parte del Departamento Nacional de Planeación, para asegurar su cumplimiento.
Dicho Plan de Implementación y Seguimiento fue aprobado por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, presidida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 17 de junio pasado.
Por la carbono-neutralidad
Con relación a las empresas, se diseñó el Programa Nacional Colombia Carbono Neutral para acompañarlas en su gestión de cambio climático y aportar en los compromisos climáticos del país. Y ya se están viendo resultados en ese sentido: a junio del 2022, 811 empresas se habían vinculado al Programa. El plan es llegar a 1.000 este año.
Es así como, por tratarse de un propósito global, el Ministerio les frece a los empresarios información y herramientas para calcular su huella de carbono y plantearles alternativas con miras a reducirla.
Ser carbono-neutral significa que una industria, organización, o, incluso, la sociedad civil, logran que las emisiones que genera a través de las diversas actividades que realizan sean proporcionales a la captura de carbono, -especialmente CO2-, que es uno de los gases que más abundan y permanecen en la atmósfera.
Es decir, que la carbono-neutralidad, según el Parlamento Europeo, se alcanza cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmós fera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance cero, también denominado huella de carbono cero.
Es decir que la llamada huella de carbono se describe como el total de emisiones de Gases Efecto Invernadero generadas desde diferentes fuentes.
Así las cosas, el Ministerio de Ambiente deja marcado el camino para que el país, a través de todos sus actores, camine hacia la misma dirección para enfrentar el cambio climático.
Compromisos ambientales
Al 2030, el Gobierno Nacional fijó reducir a cero la deforestación, disminuir las emisiones de carbono negro en un 40%, y dictó medidas para lograr la resiliencia climática. Para esto, se establecieron acciones, como: incorporar el cambio climático en 135 cuencas hidrográficas, restaurar ecológicamente al menos 1 millón de hectáreas y alcanzar 600.000 vehículos eléctricos en circulación. Además, se creó la Estrategia a Largo Plazo E2050, que tiene como visión un país con una economía pujante, circular, carbono-neutra y resiliente al clima.
Existen varias acciones o inversiones que pueden hacer las empresas y que gozan de exenciones especiales.
Archivo Particular
Incentivos tributarios para el mejoramiento ambiental
Desde reducciones en el impuesto de renta hasta exenciones en el IVA se ofrecen para que, tanto pequeñas como grandes industrias, hagan inversiones que contribuyan a alcanzar las metas trazadas al 2030 y al 2050.
Si bien desde 1995, con la promulgación de la Ley 223, se establecieron los incentivos tributarios para las inversiones en sistemas de control y mejoramiento ambiental, son muy pocas las empresas que los conocen.
Por lo menos eso es lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca, donde, según los resultados de la encuesta de Descarbonización y Acción Climática de la Cámara de Comercio de Bogotá, solo el 0,6 por ciento de los entrevistados conoce y participa de estos incentivos. Un alto porcentaje, el 48,1 por ciento, dice no conocerlos (pero está dispuesto a indagar más al respecto), mientras que un 15,4 por ciento, además de no saber nada de ellos, no le interesa entenderlos.
Esto es solo un reflejo de lo que puede estar pasando en el resto del país. Y aunque se han hecho esfuerzos para que el empresariado colombiano conozca los beneficios tributarios a los que se pueden acoger, aún falta interés para saber cómo desde las empresas se pueden aunar esfuerzos para alcanzar las metas de reducir la huella de carbono en el 51 por ciento al 2030 y llegar a carbononeutralidad en 2050.
Unos de los instrumentos que tienen las empresas para trabajar en estas metas son los incentivos tributarios ambientales, que, además, ayudan a garantizar el crecimiento verde, fomentando el uso sostenible de los recursos naturales renovables. El Ministerio de Ambiente enfatiza en que la inversión ambiental del sector privado se constituye como un componente fundamental del gasto ambiental. Según esta cartera, muchas empresas quieren unirse en estos propósitos, pero no saben cómo hacerlo o no cuentan con los recursos económicos para ello.
En este sentido, en el aspecto fiscal, se han hecho esfuerzos para ver cómo desde las políticas públicas se motiva al país a cumplir con las metas, y una de esas herramientas son los incentivos orientados en diferentes ámbitos, a través de las dos grandes fuentes de recaudo tributario: la renta y el IVA.
En el ámbito tributario, los incentivos consisten en cualquier tipo de estímulo a una determinada condición o conducta de los agentes regulados. Desde la perspectiva ambiental, se entienden como “los beneficios tributarios para personas naturales o jurídicas por un comportamiento o inversión con impactos positivos en el ambiente o el manejo de los recursos naturales”, como lo ha explicado la cartera ambiental. Estos pueden ser exenciones, exclusiones, no causaciones, descuentos y tarifas preferenciales.
Hay que tener en cuenta que más allá de que las empresas obtengan beneficios de tipo fiscal, los incentivos buscan que todos los sectores de la economía inviertan en pro del cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
Como lo ha dicho el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, “la acción climática es un plus para las empresas en materia de responsabilidad social-ambiental y es al mismo tiempo buen negocio”.
Así, además de tener impactos positivos a nivel ambiental, las empresas se vuelvan más productivas y competitivas. Esto porque, entre muchas otras consecuencias, a nivel mundial se está dando la tendencia de contar con otro tipo de clientes que quieren consumir o comprar productos y servicios a empresas que están haciendo acciones positivas como reciclar, utilizar fuentes no convencionales de energía o manejar de forma responsable los residuos sólidos.
Algunos estímulos fiscales para empresas o personas
Dado que las empresas deben realizar ajustes en sus procesos productivos para dar cumplimiento a la normatividad, los incentivos logran incrementar la competitividad del sector productivo.
Estos son algunos:
El artículo 255 del Estatuto Tributario permite un descuento sobre el impuesto de renta a quienes hagan inversiones en control, conservación o mejoramiento del medioambiente, previa acreditación de la autoridad ambiental competente. Este artículo fue reglamentado por el Decreto 2205 del 2017, que además define cada incentivo, y la resolución 0509 de 2018, que muestra cuál es el trámite para acceder a los beneficios.
En líneas generales estos son algunos de ellos:
Artículo 255 al Estatuto Tributario: permite a las personas jurídicas descontar de su impuesto sobre la renta el 25 por ciento del valor de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, en el respectivo año gravable.
El Estatuto Tributario contempla y una tarifa especial del 9 por ciento del impuesto de renta para los nuevos proyectos de parques temáticos, de parques de ecoturismo y agroturismo, así como de nuevos muelles náuticos.
La exclusión del IVA a los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Tarifa del 5 por ciento del IVA para ciertos tipos de vehículos, motos y bicicletas eléctricas y otros elementos relacionados con ellos, como cargadores de baterías o acumuladores eléctricos.
Exentos de IVA maquinaria o equipos que no se produzcan en el país destinados a procesar o reciclar basura o desperdicios para depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos para recuperación de los ríos o saneamiento básico.
MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
