¿Y mi pensión? Así pinta el futuro de la jubilación para los jóvenes del país

Si hay una palabra que se asocia con la juventud, esa es incertidumbre. Y es que en esta etapa no solo se adquieren las herramientas para sobrellevar la vida adulta, sino que el futuro comienza a sentirse más cerca de lo que realmente está. 

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Pese a que los objetivos de vida cambian con cada nueva generación y su contexto, las preocupaciones en torno a tener una vivienda propia, conseguir un empleo, estudiar una carrera y tener un buen ingreso son más palpables cuando se es joven. En especial, en un contexto en el que la sobrecarga de información y la alta exposición a la tecnología han influido en cómo se percibe el tiempo. 

Si bien parece muy pronto para pensar en el tema, a esa lista de inquietudes parece sumarse una nueva: la jubilación. Con la reciente aprobación de la reforma pensional, el debate en torno a lo que viene para las pensiones de los jóvenes y la protección de sus ahorros se ha intensificado, pero ¿cómo impactará exactamente la nueva ley a esta población?

Para poder comprender mejor el panorama, hay que empezar por entender el funcionamiento del sistema pensional. 

La Ley 100 de 1993 fue la que dio pie a la creación del sistema general de pensiones en Colombia. Un modelo compuesto por dos regímenes basados en el principio de solidaridad para poder tener acceso a una vejez digna: el de prima media y el de ahorro individual. 

El régimen de prima media, también conocido como régimen público, es administrado por Colpensiones y funciona a través de un sistema de reparto en el que los aportes de las personas que están trabajando se destinan para pagar las pensiones de los adultos mayores que ya están jubilados. En otras palabras, la generación cotizante se encarga de financiar la pensión de la generación jubilada. 

El ahorro individual, por su parte, es gestionado por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), es decir, por entidades privadas. En este régimen cada persona tiene una cuenta particular en la que no solo se deposita lo ahorrado a lo largo de su vida laboral, sino también los rendimientos obtenidos con estos recursos. 

Ahora bien, en ambos casos, la norma exige el cumplimiento de una serie de requisitos para poder obtener esta prestación económica en la vejez. Por un lado, está la edad de pensión, que es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y por otro las semanas mínimas de cotización, que corresponden a 1.300 para el régimen público y 1.150 para el privado. 

Si bien lo anterior solo es una pequeña pincelada del cuadro que compone el sistema pensional, sirve como punto de partida para hablar de los retos que ha venido enfrentando. Entre las problemáticas más grandes hay tres que se destacan: la baja cobertura, la inequidad y la sostenibilidad fiscal.

En materia de alcance, los datos apuntan a que en Colombia solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene una pensión. Y si hablamos de finanzas, entre 2015 y 2022, el gasto público en pensiones alcanzó cerca del 3,4 % del PIB, lo que, pese a no ser muy diferente a lo registrado en otros países de la región, sí llama la atención cuando se considera que esos recursos se concentran en muy pocas personas. 

Es aquí en donde aparece la reforma pensional, una iniciativa promovida por el actual gobierno para modificar el modelo pensional y atender así los males que iban en incremento.  

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La ahora conocida como Ley 2381 de 2024 tiene como objetivo construir un único sistema integral de protección a la vejez.

Ese propósito se ve motivado por la idea de ponerle fin al desequilibrio generado por los dos regímenes de pensión. Para ello, la norma los elimina y los sustituye por un modelo de cuatro pilares: solidario,  ahorro voluntario, semicontributivo y contributivo. 

Este último, precisamente, es uno de los que más opiniones dividas ha generado desde la concepción de la ley, puesto que está dirigido a todos los trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y, en general, a todas las personas con capacidad de pago para generar aportes a pensión. Además, lo integran los ya conocidos componentes de ahorro individual y el de prima media. ¿La diferencia? El primero funcionará como un actor complementario y el segundo pasará a cobrar un rol mucho más protagónico gracias al umbral de ingresos establecido. 

Para entenderlo mejor, el pilar contributivo tiene un techo de 2,3 salarios mínimos, por lo que las personas cuyas cotizaciones tengan como base este monto o menos pasarán a integrar el componente de prima media; mientras que quienes cuenten con ingresos superiores harán parte del de ahorro individual. En otras palabras, si una persona gana, por ejemplo, cuatro salarios mínimos, lo correspondiente a 2,3 se irán al fondo de pensiones público, y lo restante iría al fondo privado de preferencia del afiliado. 

De esta manera, el sistema de reparto jugará un papel clave para la jubilación en Colombia, considerando que la mayor parte de la población tendrá que cotizar en Colpensiones. De hecho, se estima que esta entidad recibirá a más de 10 millones de afiliados una vez entre en vigencia la normativa (1 de julio de 2025). 

Las preocupaciones empiezan a aparecer cuando se contempla el desafío demográfico que se avecina. La proyección apunta a que con el paso de los años habrá cada vez menos jóvenes y más personas de edades avanzadas, lo que pone sobre la mesa un cuestionamiento: ¿el sistema será lo suficientemente sostenible para financiar las futuras pensiones? 

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Para tener más claridad sobre el origen de esta inquietud, hay que ir por partes.

Si rebobina un poco la cinta, recordara que Colpensiones funciona de manera similar a un fondo común en el que las cotizaciones actuales se utilizan para financiar las mesadas de quienes ya se jubilaron. Para visualizarlo mejor, imagine que es como una especie de pirámide, cuya base será mucho más amplia cuando se integren los nuevos afiliados a la entidad.  

Ahora bien, la cuestión está en que, si tomamos como referencia las cuentas demográficas del Dane, los datos muestran que en el país actualmente hay cinco trabajadores por cada adulto mayor. No obstante, en un lapso de 25 años (o más) el panorama podría cambiar de manera significativa, colocando esa cifra en dos trabajadores, es decir, el suelo de la pirámide empezaría a reducirse, lo que a su vez pondría a tambalear al sistema. 

Aquí es donde se introduce el tema demográfico. Tanto en Colombia como en el resto del mundo, los índices de natalidad están bajando. ¿Por qué? Los motivos son variados.

De acuerdo con Daniel Mantilla García, profesor asociado de la facultad de administración de la Universidad de los Andes, algunos de estos tienen relación con un cambio cultural, en especial, en lo que se refiere a prioridades, por ejemplo, a medida que más mujeres acceden a niveles educativos superiores, tienden a retrasar la maternidad y tener menos hijos. 

A estos factores también se suma la mayor disponibilidad y el uso de métodos anticonceptivos, lo que ha permitido a las parejas planificar y limitar el número de hijos o, en algunos casos, no tenerlos. El incremento en el costo de vida también ha derivado en que se replantee la concepción de las familias. 

De hecho, un informe reciente del Centro de Investigaciones Económicas de Fedesarrollo estima que para 2050 habría una recomposición en la población dependiente, ya que los jóvenes representarían el 36,3 % de este grupo demográfico y los adultos mayores el 63,7 %.  

Pero el tema no se queda ahí, puesto que en esa lista de preocupaciones hay que incluir el factor de informalidad. La informalidad laboral repercute en gran medida en la seguridad social al traducirse en menos personas con capacidad de cotizar en el sistema y por ende más dificultad para mantener su sostenibilidad.

Si hacemos una revisión del tema, de acuerdo con el reporte más reciente del Dane, en Colombia, a mayo de 2024, la proporción de ocupados informales estaba en 55,9 %, y si eso lo trasladamos a la población joven, la tasa de desocupación juvenil por ese mismo periodo llegó a 17,9 %.  

(Lea más: Qué alternativas tienen los colombianos con el nuevo sistema pensional)

La respuesta corta es no. No hay que precipitarse. Si bien el panorama no pinta muy bien, la reforma pensional busca introducir algunas mejoras en términos de cobertura, a través de mecanismos como la renta solidaria, con la que la población vulnerable y en edad de jubilación tendrá la oportunidad de contar con un ingreso. 

También busca hacerle frente al desequilibrio al reducir los subsidios regresivos del régimen actual de prima media. En otras palabras, corregir, en cierta medida, la desproporción que existe de lo que muchas personas hoy reciben de pensión frente a lo que han contribuido en su vida laboral.

No obstante, lo anterior no implica que no existan retos significativos por delante. 

En primer lugar, es indispensable considerar las implicaciones de los cambios demográficos sobre la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, los expertos destacan la necesidad de promover un mayor hábito de ahorro de la población para hacerle frente a esta eventual crisis, en el caso de los jóvenes, en empezar a pensar en alternativas para el futuro como la pensión voluntaria y la inversión para complementar sus ingresos. 

En lo que se refiere al mercado laboral, existe la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, así como el acceso al empleo formal. En ese sentido, la discusión en torno a la reforma laboral jugará un papel clave para contribuir al fortalecimiento del modelo de pensiones. 

No hay que dejar por fuera que, aunque se incremente el alcance del sistema, hay que considerar el gasto público que implicará su sostenibilidad. Así como las condiciones en las que se hará la transición e implementación a lo establecido en la norma. 

El trecho por recorrer es tan largo que incluso se ha hablado de que en unos años será necesaria otra reforma a la estructura del sistema para adaptarse a las nuevas condiciones que requiera la población.  

(Lea más: Reforma pensional: ¿quiénes pasarán a cotizar en Colpensiones?)

JESSIKA RODRIGUEZ M. 
Portafolio