Luego de realizar operativos contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar en
diferentes ciudades del territorio colombiano y gracias a los Pactos por la Legalidad suscritos entre Coljuegos y las entidades territoriales, y con el apoyo decidido de la
Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), se logró el decomiso de 871 máquinas tragamonedas ilegales que operaban sin autorización del regulador y que les representan a las finanzas públicas más de 27.714 millones de pesos entre derechos de explotación e impuesto del IVA que se dejaron
de percibir.
Este año las entidades territoriales en las que se obtuvieron mayores resultados en la lucha frente a la ilegalidad fueron Quindío, Cartagena, Barranquilla y Medellín.
En Quindío se decomisaron 256 máquinas y cuyo funcionamiento representó más de 8.145 millones de pesos que se dejaron de percibir, en Cartagena se decomisaron 206 que equivalen a 6.554 millones de pesos, en Barranquilla se decomisaron 168 máquinas que representan 5.345 millones de pesos y en Medellín se decomisaron 110 máquinas cuyo funcionamiento le representa a las finanzas públicas una evasión de 3.500 millones de pesos.
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Según Carlos Andrés Zárate, gerente de Control a las Operaciones Ilegales (COI) de Coljuegos, los resultados en materia de lucha contra la ilegalidad son contundentes, particularmente en un año desafiante por cuenta de la emergencia sanitaria.
Durante el 2020 se realizaron 90 judicializaciones en la Fiscalía General de la Nación por la operación ilegal de elementos de juegos de suerte y azar en Colombia. “Este es un sector que genera, entre juegos localizados y novedosos, más de 100.000 empleos entre directos e indirectos y la operación ilegal afecta esa posibilidad de crear puestos
de trabajo de calidad”, subrayó Zárate.
Hay que recordar que la operación ilegal de juegos de suerte y azar acarrea multas de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada máquina decomisada y penas de entre 6 a 8 años de cárcel.
“La invitación a quienes operan de manera ilegal es que comprendan el alto costo de ejercer la actividad al margen de la ley y las ventajas de apostarle a la legalidad y contribuir a la financiación de la salud en las regiones colombianas”, concluyó el gerente de COI.
