Después de la controversia que se creó en torno al impuesto a las bolsas plásticas, un proyecto de ley que busca prohibir el uso del icopor en actividades de comercialización de alimentos, también tiene inquietos a algunos empresarios.
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Se trata de una propuesta hecha por la senadora Maritza Martínez Aristizábal, que como reza el documento radicado ante el Congreso, busca que empaques elaborados de poliestireno expandido –conocido como icopor– se reemplacen por otros envases que estén hechos de materiales biodegradables.
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Uno de los principales argumentos de la Congresista es que es un material que tiene un proceso complejo de reciclaje, no es biodegradable y que, además, podría generar problemas para la salud humana.
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Además de ello, la Senadora propone la creación de un Plan Nacional de Reciclaje de Icopor de uso industrial, que tendría que entrar en vigencia en los seis meses siguientes a la sanción de la ley.
Ante ese panorama, Portafolio le consultó a empresarios, entidades y representantes que podrían verse impactados en caso de que dicha ley se sancione.
Carvajal Empaques, uno de los principales comercializadores de dichos envases, a través de su línea Wau!, le manifestó a Portafolio que, aunque aplaude el objetivo de hacer un plan para reciclar dicho material, no está de acuerdo con su prohibición. “Consideramos que no es la mejor opción para reducir los impactos ambientales”.
La entidad cita varios estudios, que según Carvajal, han demostrado que los artículos fabricados en poliestireno espumado generan menores daños al ambiente que los productos que son fabricados en otros materiales.
La compañía también resalta que el icopor tiene varias ventajas frente a otros materiales en cuanto al uso de recursos naturales, además de ser asequible. “Al ser 95% aire, ayuda a conservar la temperatura de los alimentos de una manera segura e inocua. Por eso consideramos que fomentar el reciclaje de los productos de poliestireno expandido es un camino más adecuado”.
Según cálculos de Acoplásticos, en el país se consumen alrededor de 80.000 toneladas al año de dicho material, en donde la mayor parte es para empaques y el resto para uso industrial.
Aunque no hay datos de cómo se reparte el gasto en Colombia, se conoce que en el caso de Estados Unidos, del total del icopor que se consume en ese país, el 64% está destinado a empaques, el 12% para bienes de consumo, el 11% para electrónica, el 2% para materiales de construcción y el 11% restante va para otro tipo de actividad, según el gremio de los plásticos en Colombia.
MÁS COSTOSO
Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, le dijo a este diario que aunque la medida es clave para que se recicle el icopor, puede generarle más costos a los productores o comercializadores que quieran cambiarlo por otro. “En caso de que esta ley se sancione, trasladarse a otro tipo de componente aumentaría de manera importante los costos de los productos finales como los empaques o los envases”, comentó Mitchell, quien también aplaudió la ejecución del Plan Nacional de Reciclaje del Icopor.
De hecho, el representante gremial resaltó que aunque en el país sí hay algunas empresas que se dediquen a la recuperación de este material, para ser usado nuevamente, un porcentaje muy bajo se recicla.
La senadora Martínez también menciona ese punto en su propuesta. Allí, nombra el caso de la Fundación Verde Natura, organización que asegura que quienes se dedican al reciclaje “evitan recolectar elementos de icopor, pues el material les llena muy rápido las carretas y, al final, como no pesa, las plantas de reciclaje les dan muy poco dinero por él”, menciona el texto, que también resalta que por cuatro kilos de poliestireno expandido, el reciclador recibe apenas $400.
CAMBIO EN LAS REGLAS DE JUEGO
Otro de los debates en torno a dicha propuesta es que habría que cambiar algunos estatutos que le den vía libre a la abolición del icopor.
“Antes del cumplimiento del término previsto para la entrada en vigor de la prohibición referida, el Gobierno Nacional deberá modificar las normas sanitarias que reglamenten el tema de alimentos, así como las normas ambientales sobre residuos sólidos”, dice en un artículo el proyecto de ley.
El Invima, entidad encargada de vigilar los medicamentos y alimentos para velar por la salud de los colombianos, le expresó a este diario que desde el punto de vista sanitario, el uso de este elemento para comidas y bebidas es aprobado por la Food and Drugs Administration de Estados Unidos y por la Unión Europea, por lo que en Colombia también es avalado para el consumo humano.
“En cuanto a los cambios en la reglamentación, el Ministerio de Salud y Protección Social, como entidad encargada de formular las políticas en materia sanitaria, ha contemplado algunos cambios normativos. Sin embargo, en lo relacionado con este polímero no se ha contemplado”, menciona la entidad en un documento.
Mientras tanto, los empresarios y los representantes coinciden en que todavía falta una cultura del reciclaje del icopor, pero que no sería viable prohibirlo; el debate queda abierto.
María Camila González
marola@eltiempo.com
En Twitter: @camilagolarte
