Andesco, gremio de las empresas de servicios públicas, advirtió que el borrador de la reforma a la ley que rige a este sector puede ser riesgoso y llevar a una desnaturalización del régimen que los rige. Vale la pena destacar que Portafolio conoció en exclusiva el documento de borrador que buscaría presentar el gobierno durante esta legislatura.
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Al respecto, la asociación reaccionó señalando que el texto presenta una "intervención estatal para privilegiar lo público, lo cual perjudica el modelo actual cuyo éxito principal ha radicado en la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas".
El documento conocido señala que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley, o delegarla en las comisiones de regulación”.
De igual manera, el Ministerio de Minas y Energía podría presentarle al Presidente proyectos regulatorios en temas energéticos y con mensaje de trámite preferente “cuando la aplicación de las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas resulten contrarias a la política pública del Gobierno, perjudicial para los usuarios de servicios públicos domiciliarios; o cuando sea necesario para asegurar la confiabilidad, seguridad, abastecimiento o sostenibilidad del sistema”.
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Al respecto, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, apuntó que las atribuciones que se otorga al presidente como un regulador directo sería perjudicial, además de ignorar el carácter técnico de las comisiones de regulación tanto de Energía y Gas como de Agua Potable y Saneamiento Básico, que son las entidades a cargo de esta función.
“Esta discusión parecía tema superado debido a que el Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones y solo le falta nombrar algunos miembros en propiedad”, apuntó Sánchez al respecto.
Otro de los puntos sobre los que hace énfasis la asociación es que se le otorgan facultades "exorbitantes" al superintendente de Servicios Públicos "incluyendo el ejercicio de funciones jurisdiccionales con un poder absoluto y sancionador incluyendo multas confiscatorias, sin criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios".
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El documento señala nuevas causales para tomar acciones preventivas así como nuevas acciones que puede tomar la Superintendencia. Las medidas que se establecen son la sujeción a vigilancia especial, por medio de la cual podría dar órdenes administrativas para subsanar la situación que causó esta vigilancia.
Así mismo, podrá ordenar la separación temporal o permanente de representantes legales, administradores y miembros de juntas directivas, pudiendo nombrar su reemplazo. Una tercera medida es un “Esquema de Operación Transitorio”. Además, el borrador señala que en caso de toma de posesión, esta no podrá durar más de tres años y mantendría las causales y modalidades establecidas en la ley 142 de 1994.
Un tercer punto de preocupación es el planteamiento de mínimos vitales para todos los servicios públicos, que, según Sánchez, preocupa por su falta de claridad con respecto a las fuentes de financiación.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
