Después de los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre el presunto despojo de tierras, en relación con el Grupo Argos, al igual que otros hechos de esta índole ocurridos años atrás, se puso sobre la lupa nuevamente el rol de las empresas privadas en el conflicto armado y las afectaciones que se pueden presentar en materia de inversión de compañías internacionales o locales que inyecten parte de sus recursos o que tengan planes de hacerlo.
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Así lo señala un informe elaborado por Control Risks, en el que se destaca la huella que deja en el sector privado el conflicto, además de los riesgos en los que se ven las empresas en materia reputacional, legal, operativo y de seguridad.
También recalca que se evidencia que existen dificultades potencialmente altas, “pero no exclusivas”, para empresas cuyas operaciones implican intervenciones sobre la tierra en zonas rurales. Es el caso de aquellas en los sectores de minería, petróleo y gas, infraestructura y renovables.
Dentro del documento se detalla que existen diversas implicaciones para el sector privado, combinado además con los cambios políticos recientes, elementos históricos e institucionales, lo que conlleva a un escenario complejo que da lugar a lo que la firma llama “la huella del conflicto”.
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Un factor que empieza a actuar como una figura relevante de riesgo en el entorno empresarial de Colombia.
Vale la pena resaltar que estas compañías podrían enfrentarse a riesgos jurídicos por su participación o bien sea por omisión, en dinámicas de conflicto, que podrían incluir desplazamientos forzados y despojos de tierra o pagos (voluntarios o involuntarios) a grupos armados a cambio de protección.
También, se detallan otros riesgos como la promoción indirecta de actividades ilícitas y abusos cometidos por actores armados, “sobre todo si existía convenios de colaboración, cooperación y/o coordinación con la empresa”, los retrasos o interrupción de sus operaciones por potenciales protestas, bloqueos o incluso invasión y acusaciones o señalamientos de mala fe de parte de terceros.
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Frente a esto, Theodore Kahn, director de análisis político de Control Risks, destacó que “el sector privado se expone a acusaciones y señalamientos públicos (incluso de mala fe), lo cual podría traducirse en un impacto comercial, independientemente de su base jurídica. Al igual que este ambiente puede generar, o exacerbar, riesgos operativos y de seguridad, al convertir a la empresa privada en blanco de protestas, que pueden ser justificadas como una compensación por las presuntas transgresiones de las empresas”.
Por ejemplo, uno de los casos más sonados sobre este tipo de situaciones es el de la carbonífera Drummond en el país, cuando se acusó al entonces presidente de la compañía, Augusto Jiménez Mejía y al exvicepresidente de asuntos corporativos, José Miguel Linares Martínez, de financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos de las Autodefensas entre los años 1996 y 2001.
Ahora bien, dentro del informe se citan otro tipo de situaciones entre las cuales las empresas podrían verse involucradas en la “huella del conflicto”.
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Entre esos se destaca la responsabilidad activa, que se refiere a despojos de tierra y desplazamientos, en donde una compañía conspiró o se alió con armados para obtener y acumular predios para usos económicos; también los vínculos de empresas y representantes con líderes paramilitares, actores políticos vinculados a grupos armados o en responsabilidad por negligencia que trata sobre la compra de tierras abandonadas en zonas de conflicto.
Según Kahn, “hace 20 años la empresa norteamericana Chiquita Brands reconoció frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos que hizo pagos a grupos armados durante años para evitar ataques contra su personal y activos”, dijo.
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Añadió que, desde ese entonces, han sido recurrentes las acusaciones en contra de empresas privadas por presuntamente contribuir pasiva o activamente en actos violentos y abusos de derechos humanos.
Con base en el documento, se evidencia que institucionalmente en el país se ha hecho un esfuerzo por transitar hacia el posconflicto, identificando las causas y factores de la violencia, incluyendo el rol de las empresas.
“La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2016 reflejó un punto de inflexión en los esfuerzos para identificar y comprender las causas y efectos del conflicto armado (...) Ahora se ha promovido la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, uno de los puntos medulares del Acuerdo de Paz con las Farc, lo cual fortalece la capacidad de los jueces para resolver reclamos de restitución de tierras de víctimas del conflicto”, manifestó el experto.
Asimismo, aseguró que con la llegada al poder de Gustavo Petro se ha propiciado un “giro importante” tanto en enfoque del Gobierno sobre temas de conflicto y paz, como en la relación del Ejecutivo con el sector privado.
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“La administración de Petro ha buscado privilegiar el empoderamiento y protección de los derechos de las víctimas del conflicto, en vez de derrotar militarmente a actores no estatales”, opinó.
Finalmente, se detalla que es clave que las empresas entiendan la “huella del conflicto” como una oportunidad para generar valor social, en un entorno complejo.
Igualmente, la forma de relacionamiento entre compañías con partes interesadas para el “éxito” y la reputación corporativa.
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