Entre el 1 y el 11 de octubre, el Gobierno nacional, a través del Congreso y los ministerios del Interior y de Salud, llevó a cabo mesas técnicas para debatir el articulado de la reforma a la salud. Este proceso culminó el 16 de octubre con una audiencia pública, donde se manifestaron las inquietudes de diversos actores sobre la iniciativa.
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Durante estas sesiones, aunque se promovió un ambiente de respeto, se evidenciaron profundas diferencias. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su preocupación por posibles consecuencias negativas en la salud y la vida de los ciudadanos colombianos debido a errores en la reforma.
Uno de los puntos destacados es que, si bien se debatió la reforma, no se abordaron de manera efectiva las soluciones inmediatas a la crisis de financiamiento que enfrenta el sector salud. La Andi advirtió que el sistema continúa deteriorándose rápidamente, lo que ya impacta a pacientes en Colombia.
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Desde la ANDI y la Vicepresidencia de Salud, se valoró la iniciativa de las reuniones, que habían sido solicitadas en múltiples ocasiones. Sin embargo, se criticó que la convocatoria y la metodología no facilitaron el trabajo conjunto ni la elaboración de un nuevo texto que busque consensos.
En términos generales, demandan que se tomen en cuenta las observaciones realizadas durante las mesas técnicas en la ponencia para el primer debate en la Cámara de Representantes. La revisión del proyecto de ley revela que el núcleo esencial de la reforma se mantiene sin cambios desde su archivamiento en la legislatura anterior, lo que, según la Andi, no aborda los problemas críticos del sistema de salud. Los riesgos identificados incluyen:
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- Derecho a la Salud: La reforma podría comprometer la protección individual del derecho a la salud y el bienestar económico de los hogares colombianos.
- Integralidad de la Atención: Se pone en duda la continuidad y calidad de la atención médica.
- Sostenibilidad Financiera: La reforma no garantizaría la estabilidad financiera del sistema de salud.
Salud
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En lo que respecta al contenido, la propuesta del Gobierno implica una sustitución total del sistema actual por uno nuevo, pero sin asegurar que se mantendrán los niveles de protección vigentes. La falta de claridad en la transición entre ambos sistemas genera inquietud.
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Destacan que el proyecto no aborda adecuadamente los problemas estructurales de financiamiento del sistema de salud. Aunque introduce nuevos gastos, como la construcción de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y licencias de maternidad universales, no presenta nuevas fuentes de financiación. "Esta situación pone en riesgo la viabilidad fiscal de la reforma, dado que dependerá de un cambio en la tendencia de crecimiento de los gastos en atención de mediana y alta complejidad", afirman.
Además, la fragmentación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por niveles de complejidad ignora tecnologías esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, en un contexto de transición epidemiológica en el país.
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Reforma a la salud
Ministerio de Salud y Protección Social
Inquietudes sobre el acceso y costos
La propuesta también genera preocupaciones sobre el acceso a los servicios de salud. A pesar de que el individuo debe ser el eje central del sistema, aún no se ha definido claramente la ruta de atención al paciente. La falta de claridad en los mecanismos de referencia y contrarreferencia, así como en los acuerdos con la red complementaria y el INVIMA, añade a la incertidumbre.
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Por último, el proyecto de ley plantea interrogantes sobre su compatibilidad con la delicada situación fiscal del país. El Ministerio de Hacienda aún no ha avalado la reforma, subrayando la necesidad de que se alinee con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y se saneen todas las obligaciones acumuladas al cierre de 2024, utilizando recursos del propio sector.
