A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional se pronunció respecto a la expedición del Decreto 044 de 2024 y presentó sus argumentos acerca del porqué considera que esta normativa podría impactar en el desarrollo y continuidad de la actividad minera en el país.
(Lea más: Anla ha entregado 17 licencias de proyectos renovables)
Para entrar en contexto, el decreto, suscrito por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, establece los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones.
En ese sentido, la organización señaló tres puntos a tener en cuenta.
En primera instancia, el Consejo señaló que la norma no solo podría desestimular la inversión en las regiones, sino que tendría un impacto en su desarrollo económico y social al afectar tanto los proyectos mineros como los encadenamientos productivos que se derivan de estos.
De acuerdo con el documento, lo anterior se sustenta en la falta de certeza que genera que, con la implementación de la normativa, ningún proyecto, indistintamente del tamaño y mineral, podrá recibir
autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan.
(Lea más: Plan de acción para el fenómeno de El Niño va en el 39 %)
"Son muchos los sectores que utilizan minerales como materia prima, baste citar el sector de la construcción, varios sectores industriales, la infraestructura de saneamiento básico, la agricultura. Si los sectores que dependen en su mayoría de la producción nacional quieren continuar su actividad, tendrían que traer los minerales de lugares más lejanos o importarlos de otros países, en los casos en que la actividad puede asumir estos costos", mencionó el gremio.
De la misma manera, destacó que esto tendría un impacto inmediato en el empleo, en la adopción de medidas ambientales para una clausura ordenada de la actividad, en el pago de impuestos al Gobierno, en la continuidad de programas sociales locales y en el cumplimiento de compromisos contractuales nacionales e internacionales de los proyectos, de suministro de minerales.
Minería
FOTO: iStock
(Más noticias: Minminas destaca los puntos clave de su propuesta de Ley Minera)
El Consejo Gremial hizo énfasis en que la expedición del decreto se justifica en dar cumplimiento a una orden emitida por el Consejo de Estado en agosto de 2022.
Sin embargo, destacan que este fallo no sugería que las áreas protegidas "se declaren desconociendo los lineamientos que la Constitución Política ha establecido para ello, como lo son el rigor científico, la participación ciudadana y la reserva de ley".
La organización también resaltó que dicho Tribunal fue enfático en reiterar la importancia del desarrollo sostenible y no establecer estados de moratoria minera.
Minería
iStock
En el documento, la agremiación menciona que la nueva norma desconoce los lineamientos que establecen los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) para la exclusión y restricción de zonas de la minería.
Esta también estaría ignorando los criterios para la designación de áreas protegidas establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y los procedimientos para la Declaratoria de Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además, de romper con la autonomía de rango constitucional de las Autoridades Autónomas Regionales, y contraría la estructura del Sistema Nacional Ambiental.
"Este decreto, sumado a las iniciativas legislativas de creación de la empresa colombiana de minería – EcoMinerales y al proyecto de la Nueva Ley Minera, buscan inviabilizar el desarrollo de una actividad constitucionalmente permitida, reglada y que aporta de manera significativa a las finanzas públicas, para pasar a un modelo minero sujeto a una amplía reglamentación por parte del Gobierno, centralista, priorizado para el consumo interno, y subsidiado por el Estado", indicó el Consejo Gremial.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la organización hizo un llamado al Gobierno para que se tengan en consideración estos planteamientos y adopte las acciones necesarias que permitan "fortalecer y ratificar los principios de estabilidad jurídica, libertad de empresa respeto de los derechos adquiridos, al tiempo que promueva la participación real, incidente y efectiva de la ciudadanía".
(Lea más: Carboneros prevén un año de menores inversiones)
PORTAFOLIO
