El Gobierno incluyó en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación un artículo que modifica la Ley de garantías electorales. El cambio permitiría que las entidades territoriales realizaran convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, a cuatro meses de los comicios nacionales de 2022. El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha defendido la medida como “esencial en el propósito de reactivar la economía, de crear empleo”.
La prohibición para que las alcaldías, gobernaciones y entidades del orden nacional pudieran subscribir estos contratos surge de la alerta sobre el uso de esos millonarios recursos en medio de la campaña electoral. La intención de la ley de garantías es precisamente impedir que los mandatarios actuales y el Ejecutivo puedan emplear la billetera estatal para influir el proceso de elecciones vía la ejecución de dineros públicos.
Más allá de la efectividad o del cumplimiento de esa meta original, el artículo inserto en el proyecto de la ley de presupuesto es un cambio de las reglas del juego de la contienda electoral a meses de que los colombianos vayan a las urnas. Modificar la “cancha de la competencia electoral envía el peor de los mensajes así se escude bajo el argumento de la “generación de empleos”. No solo la reactivación se ha dado mayoritariamente desde los privados sino también los esfuerzos de creación de puestos de trabajo deben orientarse a las empresas. Además, a días de haber perdido a la ministra de TIC por un escándalo de corrupción que no hace más que enredarse, le queda mal al Gobierno impulsar la medida. Con el antecedente de Centros Poblados es poca la confianza en las capacidades de vigilancia del propio Ejecutivo. No es el momento de cambios.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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