La reforma laboral que discute el Congreso está dejando pasar la oportunidad para regular correctamente el trabajo a través de plataformas de dos lados.
Las plataformas o mercados de dos lados conectan a oferentes con demandantes y por ello pueden cobrar a ambos lados una “comisión” por esa intermediación. Así ocurre con “aplicaciones” de servicios financieros, pagos, comercio electrónico, transporte público de pasajeros y de entregas.
Al analizar estas plataformas, el Nobel de economía Jan Tirole encontró que el poder de mercado ante los dos o más lados que ellas conectan define la distribución del ingreso que generan: la intermediación de la plataforma genera valor y bienestar, pero a mayor tamaño de red a cada lado de la plataforma, mayor poder de mercado, más utilidades y rentabilidad.
Aunque existen hace tiempo, las tecnologías de la información y las comunicaciones abarataron el costo de construcción de las redes a cada lado, lo que les ha permitido en dos décadas hacerse más rentables y poderosas.
Plataformas como Didi, Uber, Rappi, etc., que tienen a un lado a los trabajadores, a otro a los dueños del capital (propietarios de restaurantes, de taxis, vehículos, etc.) y en el tercero a los consumidores finales, tienen poder de mercado sobre cada lado, pero el problema está con los trabajadores: con ellos son casi un monopsonio, pues monopolizan la oferta de trabajos sin recurso para negociar el pago, como lo sabe cualquier trabajador de repartos o transporte por aplicaciones tecnológicas. El consumidor y el dueño del restaurante tienen libertad y pueden decidir salirse de la plataforma para vender y comprar en otra parte, más no así el trabajador no calificado, que ante la concentración en pocas plataformas, tiene como casi única alternativa el desempleo, además de que compite con centenares de miles de trabajadores, muchos de ellos migrantes irregulares.
En columna reciente, el exministro de trabajo, Rafael Pardo, mostró que la relación de esas plataformas con los trabajadores es de dependencia y amerita un contrato. Ahora que el Congreso está reformando el contrato de trabajo, es esencial que regule la tarifa que remunera el trabajo que compran las plataformas, para que cubra el aseguramiento ante los diferentes riesgos derivados de esa relación de dependencia, e imponga tal obligación a la parte con poder monopólico.
Eso, claro, requiere flexibilizar el contrato de trabajo para no destruir esos valiosos empleos: poder pagar por tarea, por entrega, por viaje. No solo se trata de formalizar una relación laboral sin destruir trabajos, se trata de proteger a los trabajadores del poder de mercado de un monopsonista, de establecer una institución incluyente.
Así se han regulado el trabajo en las plataformas de varios lados en varios Estados de los Estados Unidos, México, Inglaterra y España. Parece que la excepción será Colombia, donde el Congreso legislará en contra de proteger a los trabajadores.
JORGE RESTREPO
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana
X: @jorgearestrepo
