Parodiando el clásico bailable de Wilfrido Vargas, el país todo se pregunta ¿qué será lo que quiere Cristo? Pocas veces en la compleja historia política republicana de Colombia, renace como el Ave Fénix un hábil operador político como Juan Fernando Cristo, golpeado por la decisión del Consejo de Estado, del 9 de mayo de 2024, que anuló la personería jurídica de su partido En Marcha. Una de las razones principales para esta decisión es que su movimiento no acató los requisitos legales para configurarse como una colectividad representativa de ciudadanos, que tuviera una lista avalada en el Congreso y alcanzara el umbral exigido para su reconocimiento político.
Desde sus cuarteles de invierno, Cristo argumentó que la Asamblea Constituyente era “inviable” y “una mala idea”. Como exitoso lobista, fraguó lazos con el gobierno actual, que a lomo del santismo y de la mutación del No en Si del Acuerdo de Paz con las Farc de 2016, Petro lo nombró ministro del Interior. Cristo, político sagaz, camaleónico y equilibrista idóneo, declaró que ahora lo prioritario era el acuerdo nacional para una mayor descentralización y fortalecimiento de las autonomías territoriales. Cristo sostiene que lo importante en esta hora es el debate democrático, con todas las fuerzas vivas de la nación, para decidir si estos arreglos se deben hacer mediante una Constituyente, un Referendo, o una acción legislativa del Congreso.
Desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reunido en Nueva York la semana pasada, el presidente Petro dejó temporalmente de lado la atropellada idea de un proceso constituyente en contravía de la Carta Magna, pero insistió en un acuerdo nacional para adelantar las reformas estructurales de su administración para favorecer los territorios en guerra en los próximos diez años. Las propuestas de Petro abarcan cambios en el régimen de vigencias futuras, el plan fiscal de mediano plazo, el régimen de inversiones forzosas, la expropiación exprés de tierras y la modificación de la regla fiscal para financiar los 530 municipios en combate, sin tener en cuenta la Constitución y el régimen legal vigente.
Cristo convenció a Petro para que reviviera el fast track, utilizado por la administración del presidente Juan Manuel Santos para la aprobación de los actos legislativos que le dieron vida jurídica al Acuerdo de Paz de 2016, gobierno del cual Cristo también fue ministro del Interior.
La propuesta de Petro de resucitar el fast track no tuvo en cuenta que este engendro murió y fue sepultado. La Sentencia C-332/17 de la Corte Constitucional lo derogó, habida cuenta que sus disposiciones vician las competencias de deliberación del voto de los congresistas, núcleo esencial de la función legislativa. Además, estas enmiendas afectan la independencia y la separación de los poderes públicos, a favor del Ejecutivo y en contra del Congreso Nacional.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
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