A comienzos de septiembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó el Proyecto de Ley de Financiamiento con el objetivo de reactivar la economía y fomentar el desarrollo sostenible. Para las micro, pequeñas y medianas empresas se destacan dos temas: la tarifa de renta marginal para personas jurídicas y la eliminación del Régimen Simple de Tributación (RST).
El RST fue diseñado para simplificar las obligaciones tributarias. Básicamente, una especie de “todo en uno”: declarando varios impuestos en un solo formulario, permitiendo disminuir costos y riesgos administrativos. Para las más de 155.000 empresas inscritas, principalmente microempresas, representaba una forma accesible de cumplir con sus deberes fiscales.
Además, ha sido clave en la formalización de negocios que, de otro modo, operarían en la informalidad empresarial que ronda el 60%. Hasta junio de 2024, el 45% de los inscritos corresponde a nuevas empresas formalizadas.
Y ahora, el gobierno propone eliminarlo. De desaparecer, estas empresas tendrán que regresar al régimen ordinario, siendo en algunos casos inmanejable para las microempresas por su estructura incipiente. En 2024, las microempresas fueron responsables del 50% del recaudo, por lo que eliminarlo, implica que muchas de ellas tendrán que lidiar con un sistema complejo y costoso.
La eliminación del RST también afectaría a los municipios. Entre enero y julio de 2024, se recaudaron 1.8 billones de pesos a través del RST, cifra que iguala todo lo recaudado durante el año 2023. Proyectando al cierre de este año, se esperaría un crecimiento con un recaudo de 3.6 billones y un porcentaje de ese va directamente a los municipios, lo que significa que, de eliminarse, los recursos que financian proyectos locales también se verían comprometidos.
No obstante, el cumplimiento con las obligaciones formales en el RST sigue siendo un reto. A junio de 2024, solo el 35% de los contribuyentes había presentado su declaración anual consolidada. Pero, ¿es la eliminación la solución? Probablemente no.
Es necesario fortalecer el sistema, acompañarlo con medidas de control más rigurosas y cruces de información eficientes, como la facturación electrónica. Además, se deben implementar instrumentos de desarrollo empresarial y otros beneficios que consoliden la estructura de las empresas para que puedan explorar nuevas dimensiones de la formalidad.
Por otro lado, el proyecto propone tarifas marginales diferenciadas para el impuesto de renta, con una tasa del 27% para empresas de menores ingresos y del 33% para las de mayores ingresos. Sin embargo, desde Acopi hemos insistiendo en la importancia de una tarifa diferencial que contemple propósitos constitucionales de progresividad y gradualidad tributaria, reconociendo las distintas realidades de las Mipymes.
En este contexto, ambos regímenes son instrumentos totalmente distintos y complementarios, por lo que se debe evaluar y considerar el impacto que estas modificaciones le hacen al sector productivo más importante del país.
ROSMERY QUINTERO
Presidenta Observatorio de la Mipyyme
