Hoy la protección de los derechos de los consumidores debe ser integral, y de allí que una visión holística sea determinante para su adecuada gestión.
En la columna anterior tuve ocasión de referirme a los cambios al régimen de competencia incluidos en la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, los cuales, además de mejorar el programa de beneficios por colaboración, aumenta los montos de las sanciones por prácticas restrictivas a la competencia, lo que responde con anticipación a la recomendación hecha por la Ocde en el informe de febrero de 2022, recientemente presentado al presidente, Iván Duque.
En esa misma senda creamos la Dirección de Cumplimiento al interior de la Delegatura de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), estableciendo así la institucionalidad necesaria para gestionar herramientas jurídicas en la lucha contra la corrupción.
Otra reforma institucional necesaria era el fortalecimiento de nuestra Delegatura de Protección de Datos, la cual me enorgullece pues su gestión en estos tres años y medio ha sido determinante para la protección del derecho fundamental de Habeas Data, pero también para el posicionamiento y liderazgo de Colombia en este ámbito.
Desde el 2020 he sido elegido y reelegido al Buró de Economía Digital de la Ocde en representación de mi Estado, y somos los presidentes de la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos Personales, espacio desde el cual hemos celebrado acuerdos, encuentros, emitido guías y recomendaciones, así como coordinado actuaciones de impacto global frente a las grandes plataformas y gigantes tecnológicos.
En este sentido, la expedición del Decreto 092 de 2022 también creo la Dirección de Habeas Data, con miras a que la SIC fortalezca sus herramientas para vigilar que se respete el derecho ciudadano a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, lo que complementa las obligaciones de los vigilados en la llamada ‘Ley de Borrón y Cuenta Nueva’.
La nueva Dirección de Habeas Data de la SIC supervisará que los operadores, responsables y encargados del tratamiento de la información personal de los ciudadanos, cumplan con los principios y las obligaciones establecidas por la legislación sobre la materia.
Por su parte, la Dirección de Investigación de Datos Personales continuará siendo la encargada de las actuaciones administrativas cuando haya incumplimiento de órdenes impartidas por la SIC o la vulneración al tratamiento de la información de los ciudadanos.
Confío en que estas herramientas serán útiles en la titánica labor que desempeña la Superintendencia, pero sobre todo que sean del buen recibo de la industria y el comercio, pues sólo a través de una gestión eficiente y una mitigación del riesgo garantizamos los derechos ciudadanos, cumplimos las obligaciones y evitamos las sanciones, lo que hoy es de doble vía al ser ciudadanos -consumidores todos- más digitales, informados y empoderados.
ANDRÉS BARRETO
Superintendente de Industria y Comercio
superintendente@sic.gov.co
