La semana pasada la Fiscalía General de la Nación calificó el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) como una “organización criminal que tuvo como propósito direccionar la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”. El ente investigador dio credibilidad a los señalamientos de los ex directivos confesos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, contra cinco altos funcionarios del gobierno Petro, incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y nueve congresistas.
En la situación específica del jefe de las finanzas públicas, él y asesores de su despacho habrían gestionado de forma urgente la contratación de tres proyectos por alrededor de $92 mil millones. Este monto haría parte de un compromiso del gobierno Petro con unos congresistas para la aprobación de créditos. Según estas acusaciones, Bonilla habría ejercido control sobre millonarios recursos de la UNGRD.
Este anuncio desató la caída de Carlos Ramón González, director de Inteligencia y ex director del Dapre, cercano al presidente Gustavo Petro, mientras el mandatario trinó desde París: “no voy a defender a nadie en el proceso”. Al día siguiente, el jefe del Estado volvió a publicar en su cuenta de la red social X: “Creo en la inocencia del Ministro de Hacienda”. Por su lado, Bonilla respondía que “el día en que la Fiscalía me escuche, le entregaré todas las pruebas pertinentes”.
Lo cierto es que, más que un ataque de la oposición, la Fiscalía busca, en palabras de la propia cabeza de la entidad, Luz Adriana Camargo: “brindar un ejercicio serio, sin agenda política, que esté soportado en evidencias objetivas”. Si bien los altos funcionarios del Estado siempre están sujetos a investigaciones y acusaciones de todo tipo a raíz de sus responsabilidades, el escándalo de Gestión del Riesgo tiene hoy al minhacienda en el centro del entramado de corrupción más grave que ha enfrentado el gobierno Petro.
Sin desconocer el derecho que le asiste a Bonilla a su defensa y a su debido proceso, la indagación preliminar bajo la que se encuentra genera consecuencias en su capacidad de maniobra como cabeza del equipo económico, en especial en momentos de crisis fiscal. No se trata de impactos, por ejemplo, sobre el dólar o los mercados, que incorporaron el carácter inicial de la investigación y la complejidad jurídica de un caso de esta naturaleza. Un cambio abrupto de ministro de Hacienda no es algo que los inversionistas reciban con tranquilidad y confianza.
No obstante, por los lados del liderazgo para la agenda económica del Gobierno, el panorama no luce tan despejado. El gobierno Petro le ha inyectado un fuerte componente económico y fiscal al paquete de proyectos que tramitará en el Congreso de la República. No solo está la continuación de los debates de la reforma laboral y la eventual radicación de la nueva reforma a la salud y otras reformas como la de servicios público, sino el presupuesto, la ley de financiamiento y la ‘reactivación económica’, que incluye otra reforma tributaria, inversiones forzosas, entre otros.
Ante el grave señalamiento de sobornar a varios congresistas, no le quedará fácil al ministerio de Hacienda encabezar la estrategia gubernamental para la aprobación de este paquete de iniciativas. Tampoco para defender las dolorosas definiciones que trae la crisis fiscal. Es perentorio y urgente que el ministro Bonilla logre que la Fiscalía lo desvincule de forma definitiva y contundente de la organización criminal de la UNGRD.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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