Contrario a todas las expectativas, la llegada del primer gobierno de izquierda elegido popularmente a la Casa de Nariño se ha traducido en una intensidad mayor de la conflictividad social.
Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que los bloqueos y los cortes de ruta han aumentado un 100 por ciento, así como la toma de instalaciones, mientras que los paros cívicos y ceses de actividades se incrementaron en un 114 por ciento.
De acuerdo a esta entidad, en los primeros ocho meses de 2023 se han contabilizado unos 1.080 conflictos sociales, en comparación con 804 registrados en el mismo período del año pasado.
La modalidad preferida para la protesta social es la de los bloqueos, en especial de vías y carreteras, incluso más que las marchas y las movilizaciones que impulsa directamente la Presidencia de la República. Por todo el territorio nacional- desde Tumaco y Barbacoas, hasta La Guajira y la zona industrial de Mamonal, pasando por la vía al Llano, la Panamericana, la Circunvalar de Barranquilla, la troncal de Oriente y Santander- los manifestantes están impidiendo la libre movilización con desastrosas consecuencias económicas.
Las afectaciones tocan 310 municipios distribuidos en 30 departamentos del país.
La Andi ha contabilizado alrededor de 501 bloqueos en las carreteras colombianas en lo corrido de 2023 que responden a movilizaciones sociales, actos de piratería y problemas de la infraestructura vial.
Mientras las pérdidas por las primeras ascienden a unos 1,73 billones de pesos, las dificultades en las vías han costado hasta unos 1,9 billones de pesos. Los piratas terrestres que acosan las principales arterias viales del territorio nacional han creado pérdidas estimadas en más de 640 mil millones de pesos.
A estos billonarios costos económicos hay que sumarle los efectos en las cadenas de abastecimiento de alimentos, materias primas y otros productos básicos para los hogares y las empresas.
La Asociación Colombia del Petróleo y el Gas (ACP) alertó que los cortes de ruta en Cundinamarca, Meta, Huila, Santander y Cesar han puesto en riesgo el abastecimiento de 20 millones de galones de combustibles -alrededor de 1 por ciento de la demanda nacional-. Además de subir los precios, en momentos en que la inflación debe seguir su tendencia descendente, los bloqueos impactan al sector agropecuario, así como la prestación de los servicios básicos para las comunidades en el territorio nacional.
La respuesta inmediata de muchos ante esta crítica situación de centenares de cortes en las vías -incluyendo la postura gubernamental- es la defensa del derecho a la movilización y a la protesta de los ciudadanos afectados.
Sin desconocer la validez de las demandas sociales, los variados impactos que genera un bloqueo en una carretera -que no se limitan a las millonarias pérdidas económicas y tocan el entorno inversionista- afectan a las mayorías, su necesidad de abastecimiento seguro de bienes y servicios esenciales y sus, también legítimos, derechos de movilización y libre circulación.
Le correspondería a un gobierno que se precia de su origen popular y de su naturaleza ideológica prestar mucha más atención a la disparada de la conflictividad y la inconformidad social bajo su mandato.
No se trata en este caso de marchas a favor del paquete de reformas que tanto ha insistido el presidente, Gustavo Petro, en impulsar, sino de cortes en carreteras que se extienden por días ante la mirada impávida de los funcionarios gubernamentales.
Una economía al borde del estancamiento no aguanta centenares de taponamientos en sus principales arterias y requiere del Gobierno Nacional un abordaje integral y efectivo, con respeto tanto a los derechos humanos y a los manifestantes como a los de los demás actores sociales.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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