El pasado miércoles el presidente de Perú, Pedro Castillo, adelantó el fin de su mandato, al intentar “disolver” el Congreso e “instaurar un gobierno de emergencia”.
Las instituciones del vecino país -incluidas las Fuerzas Armadas- estuvieron a la altura de las circunstancias de este autogolpe de Estado: el mandatario terminó detenido, el Legislativo votó su salida y la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en gobernar la nación de los incas.
La inestabilidad política ha sido una constante en Perú por años. En los últimos siete años la Casa de Pizarro ha estado ocupada por seis presidentes: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y ahora Boluarte.
Si bien la gobernabilidad en Lima venía muy deteriorada desde antes de la pandemia, a raíz de los permanentes líos judiciales de los mandatarios y graves acusaciones de corrupción al más alto nivel, la irrupción del coronavirus desató una profunda crisis social y económica, al igual que en otros países de la región.
En lo corrido de este siglo la economía y la política peruanas han transitado por avenidas paralelas. Mientras varios presidentes eran destituidos por el Congreso en medio de señalamientos de corrupción y de movilización social, la dinámica productiva del país no se detenía.
En los últimos 30 años el PIB de Perú ha crecido de manera sostenida en un promedio por encima del 5 por ciento anual -con algunas excepciones como el choque del covid- y ha sido calificado por algunos economistas como un “milagro económico”. Los niveles de pobreza también se han reducido en un período de dos décadas desde alrededor del 50 por ciento al 20 por ciento de la población.
Detrás de este “blindaje” de las actividades económicas de la turbulencia política están varios factores como el mantenimiento de la independencia del banco central, la continuidad de las políticas macroeconómicas a pesar de las inclinaciones ideológicas de los presidentes y estabilidad en los equipos económicos.
Precisamente la decisión del entonces presidente Castillo de ratificar a Julio Valverde, como director del Banco Central de Reserva (BCRP), fue interpretada por los mercados como una señal positiva sobre su visión de la economía. La orientación del BCRP sobre la lucha contra la inflación y el equilibrio fiscal ha sobrevivido a la permanente inestabilidad política.
No obstante, ya hay señales muy fuertes de que esta ‘separación’ entre el caos político y el desempeño económico se resquebrajó mucho durante el corto período de Pedro Castillo, tanto por su inestable gestión como por los desafíos socioeconómicos que trajo la pandemia a los países latinoamericanos. Dentro de la primera están los más de 40 cambios en su gabinete ministerial, así como una agenda muy limitada por la incertidumbre en el frente político. Como lo afirmó recientemente Fitch al rebajar la perspectiva al Perú de estable a negativo: “La inversión privada ha caído, problemas fiscales se han materializado y la implementación de políticas se ha ralentizado como resultado de la volatilidad política”.
Por otro lado, la economía peruana sigue en mora de adelantar sustanciales reformas en su mercado laboral, en la diversificación de su aparato productivo y en la dependencia a las exportaciones de minerales. Además, a pesar de su dinámico crecimiento, Perú mantiene una deuda social con su población más rezagada y el manejo de los conflictos generados por los proyectos extractivos.
En conclusión, si bien las instituciones peruanas resistieron una amenaza al orden democrático, la inestabilidad política golpea ahora con más impacto al desempeño de la economía que en años pasados.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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