“Las personas son el origen y el fin de la competitividad”. Este fue uno de los mensajes más sonoros que dejó Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), en la presentación del Informe Nacional de Competitividad (INC) correspondiente a los años 2021-2022. El reporte se concentra en “iniciativas y políticas públicas que pueden ayudar a mitigar los efectos de la pandemia, cerrar brechas sociales y productivas, y potenciar el desarrollo sostenible”.
El INC, que llegó a su edición número 15, plantea una hoja de ruta alrededor de cuatro ejes: educación y empleo de calidad, desarrollo de mercados, conexión física y digital y un Estado eficiente, “al que todos podamos contribuir y exigir”. Estas son áreas fundamentales para que el país retome un camino de mejora de sus capacidades competitivas en medio de un mundo que sale del choque más drástico de la pandemia.
En el primer objetivo, la educación y el empleo, las urgencias son casi inmediatas. El informe pide acelerar el regreso a la presencialidad escolar de más de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes, cuyos procesos de aprendizaje sufrieron alteraciones por las cuarentenas, cierres de colegios y la negativa de los maestros a retornar a las aulas. Asimismo, el CPC recomienda en cuanto a calidad y pertinencia educativa la adopción del Marco Nacional de Cualificaciones, universalizar la educación preescolar y fortalecer la evaluación docente. No obstante, cualquier avance en esta materia pasa de manera urgente y prioritaria por alcanzar el máximo nivel de educación presencial posible en el menor tiempo.
Quedó en evidencia tras la pandemia y sus impactos en el empleo que se requieren reformas al marco laboral y de seguridad social. Ya el próximo gobierno que entrará el año entrante tendrá que definir si incluye dentro de su agenda legislativa los necesarios e impostergables ajustes a las normas laborales que hoy dificultan que los desempleados y los informales accedan a trabajos formales y dignos.
Frente al desarrollo de mercados el paquete de recomendaciones cobijan temas regulatorios, arancelarios y de competencia, una transición segura hacia la carbono neutralidad y la inserción tecnológica e internacional del aparato productivo. Los dos ejes restantes -conectividad y eficiencia estatal- contemplan agendas para los esfuerzos de competitividad. El cierre de las brechas digitales así como el mejoramiento de la infraestructura de transporte intermodal y la seguridad energética son opciones en las que no se deben escatimar recursos ni voluntad política.
En cuanto al gasto público, el INC insiste en un tema ya diagnosticado: los inequitativos subsidios pensionales que limitan la potencia redistributiva de los recursos estatales. Además, llama la atención sobre la pesada carga tributaria sobre los hombros de las empresas colombianas que la pandemia terminó por imponer. Los cambios al sistema tributario -tanto sobre las empresas como sobre las personas y las exenciones- también constituyen un punto crucial de la agenda tanto de la campaña presidencial de 2022 como de la entrante administración.
En conclusión, una agenda que debe alimentar desde ya el debate presidencial y muchas de cuyas recomendaciones están en mora de adoptarse para que verdaderamente la competitividad se experimente con más intensidad en la calidad de vida de los colombianos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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