Este espacio editorial fue dedicado ayer a algunas consecuencias legales, técnicas y políticas del manejo irregular que la administración Petro ha dado a la liquidación del presupuesto general de la Nación (PGN). Una serie de recientes publicaciones del diario Portafolio encontró que 108 proyectos, incluidas importantes obras de infraestructura como la primera línea del metro de Bogotá y 20 vías 4G, no contaban con sus recursos de 2024 debidamente asegurados.
No obstante, la solicitud al Gobierno Nacional para la desagregación con detalle de los montos a cada una de estas iniciativas en vilo y para el cumplimiento con las normas del proceso presupuestal es insuficiente ante la magnitud de los impactos de estas inconsistencias. Uno de estos efectos más graves es el anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del pasado viernes donde ratifica que los dineros de estos proyectos no están garantizados porque depende de una “priorización del presupuesto” ordenada por el presidente de la República, Gustavo Petro.
Lo que inicialmente fue calificado por este diario como “errores” y “alertas” legales y técnicas por las inconsistencias por 13 billones de pesos en el Presupuesto se ha convertido en una manifestación inequívoca del Ministerio de Hacienda sobre una eventual renegociación de las vigencias futuras dependiendo de los avances de las obras.
Esto ha logrado una generalizada preocupación dentro del sector infraestructura que, de acuerdo a la cámara del sector, por “el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica se verían lesionadas”.
No exagera el gremio de la infraestructura tanto en las consecuencias inmediatas -la creciente parálisis de los programas del Invías y la imposibilidad de contratar a unos mil contratistas, entre otras- como las de mediano plazo: un golpe a la arquitectura institucional de las alianzas público privadas (APP).
A lo anterior habría que añadir que las declaraciones del ministro Bonilla le abren la puerta a las decisiones caprichosas -y no necesariamente técnicas- sobre las principales obras y proyectos del país. Un ejemplo de esto fue el sobrevuelo ministerial que sirvió para criticar los avances de la primera línea del metro de Bogotá, que abiertamente ha estado en la mira de la Casa de Nariño.
Un segundo impacto de las irregularidades presupuestales del gobierno Petro está en el mapa regional de las obras, hoy en vilo. No genera mayor sorpresa que entre el Distrito Capital y Antioquia sumen alrededor del 38 por ciento de los recursos en el aire.
La infraestructura antioqueña cuenta con ocho iniciativas en riesgo por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y siete por el Invías, más el metro ligero de Medellín, por un monto que supera los $4 billones.
La inevitable pregunta que sigue es si la intención del presidente Petro y el ministro Bonilla es la de blandir los dineros del Presupuesto de la Nación -aprobados por vía del Congreso de la República-, como un instrumento para premiar o castigar las obras de gobiernos regionales de distinta orientación ideológica que la Casa de Nariño. O lo que es peor, el primer mandatario pretende dejar billonarios recursos en partidas globales y no desagregadas para administrar de manera caprichosa y discrecional las inversiones de infraestructura de todo el territorio nacional.
En conclusión, el Gobierno está aún lejos no solo de haber aclarado las inconsistencias legales y técnicas de la liquidación presupuestal y de generar la certidumbre necesaria para los contratistas de los más grandes proyectos de infraestructura del país. Las cuentas no están claras y están hoy todavía más borrosas y opacas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
X: @pachomiranda
