La presentación del informe de ‘Tendencias y Perspectivas del Sector Petróleo y Gas en Colombia’ de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ratifica el preocupante horizonte que encara una de las principales actividades económicas del país. Tras dos años del gobierno Petro y su postura de no promover la nueva exploración, las inversiones, las reservas y otros indicadores vitales de esa industria reflejan una tendencia de declive que debería alarmar a todos los colombianos.
Que el petróleo y el gas son rechazados de manera personal por el presidente de la República, Gustavo Petro, no es, a estas alturas del cuatrienio, sorpresa para nadie.
La semana pasada, en la inauguración del nuevo Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET), el primer mandatario expresó que su ideal de futuro para Ecopetrol no está en la explotación de hidrocarburos, sino en la energía eléctrica. De hecho, la petrolera estatal acaba de desistir de la adquisición de Crownrock, atractivos activos de yacimientos no convencionales en EE. UU., que han ayudado recientemente a que la caída financiera no sea peor.
La administración Petro se sostiene en la idea de frenar la firma de nuevos contratos de exploración. Las consecuencias negativas de esa postura anti-petróleo, en términos fiscales, de inversión, de reservas y de producción, no han hecho más que acumularse en estos dos años del gobierno.
Mientras crece el atractivo de América Latina ante la búsqueda de hidrocarburos tras la crisis de la guerra Rusia-Ucrania y el mundo se reconcilia con una transición energética menos drástica, el sector de petróleo y gas en Colombia protagoniza un declive anunciado, cuya responsabilidad reposa sobre los hombros del presidente Gustavo Petro.
Las propias cifras del Gobierno confirman que, sin nueva exploración, la vida útil de las reservas de hidrocarburos en el territorio nacional viene cayendo.
En los últimos diez años, por cada 10 barriles producidos, solo 8,9 barriles nuevos se adicionaron y en gas, por cada 10 pies cúbicos se adicionan solo 2,5 metros cúbicos. Más aún, el reporte de la ACP afirma que, de no reversar la drástica prohibición petrista, en 2030 finalizaría la actividad exploratoria en el país y el declinar de la producción de crudo empezaría en 2027.
El marchitamiento forzoso de una industria crucial para el desarrollo regional y las finanzas públicas se muestra asimismo en la caída de la inversión, en especial la voluntaria.
En 2024 las compañías petroleras destinarán casi 5 por ciento menos que en 2023 a exploración y producción. El 41 por ciento de las empresas afirmaron haber recortado o aplazado inversiones. Las razones de lo anterior son las mismas de siempre: problemas de entorno, conflictividad, retrasos en los trámites, seguridad jurídica e incertidumbre en las reglas del juego. A lo anterior hay que añadir deterioros en la seguridad y aumento de bloqueos y vías de hecho.
Los efectos de esta situación son desastrosos. La autosuficiencia y la seguridad energética de Colombia deberían ser prioridad para el Gobierno.
Desafortunadamente, este debilitamiento de la soberanía energética -que lleva incluso a depender de gas importado desde Venezuela en vez de explorar el propio- no mueve la férrea posición anti-petróleo del Gobierno. Segundo, menor producción petrolera y de gas conduce a menos recursos fiscales. Una transición energética gradual y ordenada pasa por no caer en una falsa disyuntiva entre hidrocarburos y energías renovables.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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